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Designación de revisores expertos: ¿ética o parcialidad?

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Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una creciente preocupación sobre si estos nombramientos se ajustan a criterios éticos o si están teñidos de favoritismo y nepotismo.

En República Dominicana, la selección de evaluadores en el ámbito de las adquisiciones y adquisiciones públicas es un aspecto importante para garantizar la transparencia e integridad de los procesos de adquisición de bienes y servicios del Estado. Sin embargo, en los últimos tiempos ha habido una creciente preocupación sobre si estos nombramientos se ajustan a criterios éticos o si están teñidos de favoritismo y nepotismo. La Dirección de Licitaciones y Contrataciones Públicas, como regulador de esta materia, publicó en septiembre de 2020 unos lineamientos en los que se detalla la documentación mínima requerida para desempeñar las funciones de un tasador de precios.

Estos requisitos incluyen educación superior o título técnico, experiencia comprobada en el sector de adquisiciones, capacitación en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas Nacionales (SNCCP) y elaboración de informe de experiencia. Sin embargo, a pesar de la existencia de estos lineamientos, diversas organizaciones continúan seleccionando auditores que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos. Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de educación superior o de cualificación técnica de los nombrados, lo que plantea dudas sobre su competencia técnica y conocimientos profesionales.

La falta de transparencia en el proceso de selección de expertos evaluadores puede acarrear una serie de consecuencias negativas. En primer lugar, socava la credibilidad de los procesos de contratación pública, generando desconfianza tanto entre los proveedores como entre el público. Esto puede dar lugar a impugnaciones legales y quejas administrativas que obstaculicen la implementación de proyectos públicos.

Además, el nombramiento de expertos en evaluación sin las calificaciones profesionales adecuadas puede afectar la calidad de la evaluación técnica, afectando la eficacia y eficiencia de los proyectos de inversión pública. Esto puede dar lugar a la adjudicación de contratos a proveedores que no ofrecen la mejor relación calidad-precio o, peor aún, a la selección de ofertas fraudulentas o no competitivas. Es importante que los organismos públicos cumplan estrictamente con los lineamientos marcados por la Dirección de Licitaciones y Contrataciones Públicas en cuanto a la designación de evaluadores.

Se trata de una selección basada en criterios objetivos y transparentes, asegurando la idoneidad y equidad de quienes intervienen en el proceso de evaluación técnica. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para evitar nepotismo y sesgos en la selección de evaluadores. Esto podría incluir realizar auditorías periódicas, promover la participación ciudadana en el seguimiento de los procesos de contratación pública y establecer sanciones claras y disuasorias para quienes cometieron la violación.

La designación de auditores en las adquisiciones y procesos públicos debe cumplir con principios éticos y criterios de competencia técnica. A pesar de los lineamientos emitidos por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, la existencia de prácticas irregulares en la selección de estos expertos pone en riesgo la transparencia y eficiencia del proceso de contratación pública. Es responsabilidad de los organismos públicos velar por la integridad y legalidad de estos procesos para promover el uso efectivo de los recursos públicos y el desarrollo sostenible del país.

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