Más de tres millones de motos circulan en el territorio nacional, equivalente al 55% del total de automóviles, lo que asciende a cinco millones 463,996 vehículos, lo que obliga a las autoridades a enfrentar el caos vial provocado por motociclistas, repartidores y motociclistas. Los conductores de este tipo de vehículos son las mayores víctimas de accidentes de tránsito, representando el 73% de las muertes reportadas por esta causa, en el periodo 2015-2020 se registraron 10,772 muertes, la mayoría entre ellos entre 15 y 20,39 años. La directora del departamento de motos del Instituto de Transporte (Intrant) abordó el problema de los trastornos del tránsito vial desde una perspectiva económica, destacando que más de diez mil motociclistas transportan cada mes alrededor de siete millones de personas, según ella, es una industria que contribuye al país.
La Federación de Motociclistas (Fenamoto) criticó a las autoridades por no detener a los cómplices que violaron las leyes de tránsito, pero la Dirección General de Transporte y Seguridad Vial (Digesett) dijo que en las últimas horas revisó a 525 conductores investigados que violaron la ley 63-17. De todo lo anterior se desprende que los motociclistas representan la mayor tasa de mortalidad en accidentes de tránsito (73%); que muchos de estos conductores no obedecen las señales de tránsito, conducen en sentido contrario, no usan casco, circulan por aceras, túneles, pasos elevados y muchas otras infracciones. También está claro que el trabajo de Digessett no es suficiente para acabar con el desorden vial causado por conductores de automóviles, SUV, camiones, camionetas, bicicletas, triciclos y cochecitos e incluso peatones causados por el departamento.
Es claro que las autoridades tienen el derecho de multar o confiscar el vehículo, dependiendo del tipo de infracción de tránsito cometida por el conductor del vehículo, lo que no excluye a motociclistas, motociclistas o personas de reparto. Es imperativo que el Intrant lidere una campaña educativa sobre civismo en la carretera a través de los medios de comunicación, medios digitales, escuelas, universidades, empresas y sindicatos, sin perjuicio de aplicar la ley de manera estricta y sin reflexión.
