JCE valora positiva la dotación de recursos económicos a entidades políticas, considerando la posibilidad de un segundo punto de inflexión. La Comisión Electoral Central (JCE) acogió el miércoles las demandas de los partidos políticos de oposición de medio por ciento del presupuesto nacional para las elecciones de 2024, como exige la ley actual. La autoridad electoral dijo, a través de un comunicado de prensa, que había trasladado la solicitud de los grupos políticos de oposición al despacho del presidente de la República, Luis Abinader; al viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones y director general de Presupuestos (Digepres), José Rijo Presbot, así como al ministro de Hacienda, Jochy Vicente.
Además, la JCE valoró como positiva la dotación de recursos económicos a entidades políticas, considerando la posibilidad de una segunda vuelta. Finalmente, y en línea con lo recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la organización reitera su posición a favor de las apropiaciones y posteriores asignaciones a entidades políticas designadas y reconoce el derecho a recibir financiamiento estatal, con el fin de mantener la equidad en elecciones. campaña, la cantidad de RD$2,520,800.00, se complementará con una cantidad equivalente al medio por ciento (1/2%) del ingreso nacional establecido por la ley para el año electoral y de conformidad con lo dispuesto en la notificación No.
PRES- JCE-176-2024 de fecha 6 de febrero de 2024, enviada por este organismo a las autoridades respectivas, dijo que la carta fue firmada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo y enviada a los candidatos presidenciales Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel. Vargas Maldonado. En la réplica están el presidente de la República, Luis Abinader; Ministro de Hacienda Jochi Vicente y Viceministro de Presupuesto José Rijo Presbot.
Dar opinión favorable a la solicitud de las organizaciones políticas antes mencionadas y del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPREDOM), en el sentido de que la cantidad de dinero que debe destinarse para su distribución distribuida a entidades reconocidas y patrocinadas por el Estado organizaciones políticas, o equivalente al medio por ciento (1/2%) del ingreso nacional para el año en curso 2024, durante el cual se celebran elecciones generales ordinarias, que se llevarán a cabo el 18 de febrero y 19 de mayo respectivamente, incluyendo la posibilidad de una segunda vuelta. en junio, por lo que el 30 de diciembre de 2024, tenemos el agrado de notificarlo al propio Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y a las demás autoridades competentes, para sus respectivos efectos, dijo la JCE citando la comunicación enviada. Esta solicitud se encuentra en el documento presentado el pasado lunes por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde también pidieron avanzar en reformas en los protocolos de seguridad durante la próxima sesión del Congreso.
y elección presidencial. elecciones del 19 de mayo. También exigieron la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez.
La JCE asegura que ha transferido la totalidad de los RD 2,520,800.00 a organizaciones políticas, de conformidad con lo establecido en la Ley 80-23 de Presupuesto General del Estado, donde aprueba ahora la ejecución del presupuesto anual. Por otra parte, la autoridad electoral evaluó positivamente las recomendaciones compartidas por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de analizar la organización de las recientes elecciones municipales ordinarias, a más tardar el 18 de febrero. En el informe interino de la OEA publicado el 20 de febrero, la audiencia internacional instó a la JCE a explorar mecanismos institucionales que permitieran a las organizaciones políticas contar con recursos públicos para desarrollar las campañas legislativas y el próximo presidente, en un marco de transparencia y equidad.
También llamaron a los electores a brindar mayor certeza sobre el marco legal respecto de la asignación de recursos públicos para el financiamiento político de los partidos.
