Washington. Ante la insistencia del Congreso de la República del Perú sobre la destitución total o parcial de los miembros del Consejo de la Judicatura Nacional (JNJ) durante el pleno previsto para hoy jueves 7 de marzo de 2024, Los abajo firmantes organismos internacionales de derechos humanos advierten a la comunidad internacional sobre las graves consecuencias de esta iniciativa para la integridad del sistema electoral peruano y la independencia del poder judicial. La JNJ es el organismo central que protege la independencia del sistema electoral en el Perú.
Designar, evaluar y aprobar a los titulares de dos de los tres órganos constituyentes: la Oficina del Proceso Nacional Electoral (ONPE), encargada de organizar el proceso electoral, y el Registro Nacional de Elecciones, Identificación y Estado Civil (RENIEC), responsable de emitir padrones electorales.
Actualmente, el JNJ continúa el procedimiento de aprobación de estas agencias, que se interrumpirá en caso de despido de los miembros del JNJ. JNJ es también la agencia central que garantiza la independencia del poder judicial.
Nombrar, evaluar, aprobar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles, incluidos los miembros de la Corte Suprema y del Consejo Supremo de Fiscales.
Es por esto que también tiene autoridad sobre los jueces y fiscales que integran el Jurado Nacional Electoral y los jurados electorales especiales, tercer componente del sistema electoral peruano.
La destitución de los miembros del JNJ socavaría la independencia de los jueces y fiscales que manejan casos de corrupción que involucran a miembros de la clase política de Perú, incluido el actual miembro del Congreso.
Nuestras organizaciones han monitoreado los persistentes ataques de gran parte del Congreso peruano al Consejo Nacional de la Judicatura, incluidos cargos constitucionales y medidas para destituir a sus miembros mediante procedimientos sumarios no prescritos por la ley.
También incluyen iniciativas legislativas destinadas a reducir el número de votos necesarios para destituir a miembros o cambiar su edad de jubilación. Estos repetidos ataques han sido rechazados sistemáticamente por todos los sistemas internacionales de derechos humanos que monitorean la situación en Perú.
Una vez más advertimos de los riesgos de estos ataques, que revelan la magnitud del deterioro democrático del país. Hacemos un llamado al Congreso de la República del Perú a poner fin a estos ataques y a otras autoridades públicas a expresar su oposición a estas acciones que dañan gravemente la democracia peruana, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos en este país.
