De igual forma, piden a la Comisión Central Electoral suspender o destituir al director general de la Comisión Electoral, Ramón Urbaez Mancebo. Este lunes, varios partidos políticos de oposición exigieron la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, debido a que la agencia que dirige no actuó ante acusaciones de criminalidad en la elección realizada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). .
) en las recientes elecciones municipales. Este pedido quedó plasmado en un documento firmado por varios candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos, en el que propusieron diversas medidas que la Comisión Central Electoral (JCE) implementaría antes de las próximas elecciones. Asimismo, en esta lista de garantía los firmantes exigen que luego de la destitución del jefe de la policía electoral se elija un nuevo jefe con el consentimiento de la oposición.
La Comisión Central Electoral (JCE) debe solicitar, debido a la falta de actuación de la Policía Electoral Militar ante las violaciones electorales cometidas en las circunscripciones, así como a las diversas acciones emprendidas por ella que ahora ponen en duda su imparcialidad y papel, al actual jefe de la policía militar electoral será destituido de su cargo y designado otra persona en su lugar, con el consentimiento de Con el consentimiento de todos los partidos de oposición, leemos parte de este documento. Asimismo, solicitaron al Consejo suspender al director general de la Comisión Electoral, Ramón Urbáez Mancebo, alegando que había mostrado parcialidad y complicidad con el PRM. Si no es suspendido, ofrecen trasladarlo fuera del recinto.
Asimismo, enfatizaron la necesidad de que en el Departamento de Elecciones Generales estén presentes observadores de todos los partidos políticos. Los firmantes de esta Lista de Garantía Electoral sobre la integridad de las elecciones de mayo de 2024 alegan que el Gobierno entregó tarde la mitad de los fondos previstos para un año electoral con el objetivo de socavar la fuerza política de la oposición. Agregaron que el partido gobernante derrotó a los candidatos de la oposición con las finanzas estatales.
También afirmaron que al utilizar el Estado, el PRM capturó el espacio físico de los distritos electorales, y sus activistas se especializaron en la compra de votos. Sin embargo, en su informe sobre las elecciones municipales, Participación Ciudadana señaló que el PRM no fue el único partido que cometió errores en este proceso electoral, aunque señaló que fueron los mayores infractores. Nuestros observadores pudieron constatar un abierto proselitismo en sus circunscripciones y zonas aledañas en un 45% de los casos, apoyando en su mayoría al PRM, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor medida Fuerza del Pueblo (FP) y el Revolucionario Dominicano.
Partido (PRD), que en su momento declaró a su coordinadora de Participación Cívica, Lizzie Sánchez. Respecto a las denuncias de compra de votos, el informe de Participación Popular señala que esto ocurrió en 16 circunscripciones, siendo el PRM, PLD, FP y PRD los principales responsables. El documento fue firmado por Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD; Leonel Fernández, candidato presidencial de las Fuerzas Populares, y Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD.
También están presentes Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial del partido Alternativa Democrática (OD), y Carlos Peña, candidato presidencial del partido Generación Servidor (GenS). Firman también José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque de Instituciones Socialdemócratas (BRI); Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Demócrata Cristiano Quisqueyano (PQDC); Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI) y Soraya Aquino, presidenta del Partido Social Cristiano (PSC).
