SEVILLA, 21 de marzo. (PRENSA EUROPEA) – El presidente de la Federación de Corporaciones de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, iniciará un procedimiento para explorar el alcance, en este sentido, de la propuesta del Fiscal General de la UE al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) encaminada a cancelar el acuerdo . acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, tras expresar inicialmente sorpresa por la situación.
En declaraciones a Europa Press, Fernández recordó que el sector pesquero de la zona de pesca nacional espera un nuevo acuerdo pesquero, pero cuando conozca esta noticia se pondrá a investigar el tema. Llamaremos al director general de Pesca del ministerio para que nos diga dónde estamos y qué podemos hacer, afirmó. Por ello, subrayó, 50 buques pesqueros gracias a este acuerdo en las zonas pesqueras marroquíes han sufrido las consecuencias de no tener un acuerdo.
La flota de embarcaciones que faena en el caladero nacional, la mayoría cuenta con redes y redes de cerco, pero son embarcaciones preparadas para otras zonas de pesca, con tripulaciones demasiado grandes para el caladero de aquí por lo que no reportan ganancias al caladero nacional. zona de pesca. pero no quedó ninguno cuando se rompió el trato, dijo.
Subrayó a este respecto que, debido a la falta de un acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, los barcos serán primero detenidos durante varios meses y luego colocados en la zona de pesca nacional. El Abogado General de la UE propuso este jueves al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) la anulación de la decisión del Consejo de firmar un Acuerdo de Cooperación Pesquera Sostenible con el Reino de Marruecos. La ministra de Justicia, Tamara Cápeta, respaldó la sentencia del Tribunal General -primera instancia del TJUE- que anuló la decisión del Consejo de 2021 por la que se aprobaba la firma de un acuerdo de asociación sobre pesca sostenible entre la UE y Marruecos y su protocolo, aunque sigue vigente hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos interpuestos por el Consejo y la Comisión contra la sentencia del Tribunal General.
En sus conclusiones, el Procurador General recomendó que el Tribunal desestime estos recursos y confirme la decisión del Tribunal General que anula la decisión del Consejo. La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio, provocando la suspensión de las operaciones, que afectó especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que operan en la región corresponden a su pabellón, más concretamente a las flotas andaluza, gallega y canaria. .
