Hay preocupación por el impacto del cambio climático en la República Dominicana. Es una realidad oculta que amenaza al mundo, especialmente a los países de América Latina y el Caribe, que sufren fenómenos naturales debido a su ubicación geográfica. República Dominicana no es ajena a este problema, así lo afirmó ayer el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceará Hatton, al enfatizar que el país se encuentra entre los más vulnerables del mundo ante las consecuencias del cambio climático.
El Ministro advirtió que los desastres naturales están aumentando en intensidad y frecuencia como resultado de este fenómeno y es necesario abordar sus impactos, especialmente en las comunidades más vulnerables. Ceará Hatton ha abordado esta cuestión firmando el Protocolo Verde, un acuerdo voluntario entre 16 bancos que tiene como objetivo promover e institucionalizar las actividades financieras para afrontar los desafíos del cambio climático y la protección de los recursos naturales. El Ministro dijo que proteger el medio ambiente es más que nunca una cuestión de seguridad nacional y una de las principales prioridades del gobierno.
La economía del país depende en gran medida de sectores sensibles al clima como la agricultura, la silvicultura y la pesca, explicó, lo que hace que el país sea muy vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos y al aumento de temperatura. Ceara Hatton admite que todavía se necesita una mayor inversión para satisfacer la necesidad de mitigar el cambio climático. La idea del proyecto va más allá en el sentido de que se potenciará mediante alianzas público-privadas con la participación del sector privado.
Según el Ministro, el objetivo es promover la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. La firma es una iniciativa de la Asociación de Muchos Bancos (ABA) en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (IFC), una de las cinco unidades del Banco Mundial. Además, se firmó un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), ABA y el Global Green Growth Institute para hacer el sector bancario más verde y promover políticas sostenibles.