Santo Domingo. – El fallo de 10 millones de pesos a favor de un paciente bacteriano del Hospital Ney Arias Lora afectará la protección de los derechos de los pacientes y las responsabilidades de los centros médicos. El abogado especialista en derecho de la salud Gilberto Objío Subero asegura que la decisión de la Corte Suprema de Justicia deja un mensaje claro sobre la necesidad de un ambiente de atención médica seguro y de calidad.
Mencionó que hizo hincapié en las consecuencias de las infecciones intrahospitalarias. Esta obligación incluye no sólo brindar un tratamiento médico adecuado sino también garantizar un ambiente seguro para prevenir otros riesgos para la salud, como infecciones hospitalarias, dijo. En entrevista publicada en el portal www.resumendesalud.net, enfatizó que la inacción o el incumplimiento de los procedimientos de higiene y control de infecciones pueden tener importantes consecuencias legales para las instalaciones médicas.
En segundo lugar, la resolución judicial enfatiza la responsabilidad financiera de los organismos administrativos. Este principio estipula que las entidades públicas (y más ampliamente, los centros de salud públicos) deben compensar a las personas por los daños causados por sus acciones o inacciones. Señaló que la indemnización ordenada por el tribunal, que incluye tanto el daño material como el moral, así como el interés judicial sobre el monto de la indemnización, refleja la aplicación de este principio.
Aclaró que el rechazo de la defensa del hospital de que el plazo para demandar expiró más allá del plazo legal de dos años, basándose en la continuidad de los daños y la necesidad de ampliar el plazo de apelación, fue un aspecto importante de la sentencia. Aseguró que del razonamiento de este tribunal destaca una interpretación flexible y justa del plazo procesal, especialmente en los casos en que el daño sufrido por la víctima es de carácter continuo. Aclaró que la decisión de la SCJ en este caso sirve como recordatorio y advertencia a los centros médicos sobre la importancia de adoptar y seguir estrictamente procedimientos de higiene y control de infecciones.
El veredicto no sólo pretende compensar a las víctimas por los daños sufridos, sino también promover mejoras en las prácticas de salud pública para prevenir futuras infecciones hospitalarias.
