LOS ÁNGELES – Estados Unidos debe proporcionar refugio seguro y saludable a niños inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y no dejarlos en espacios abiertos, dictaminó un juez federal en una demanda que pretendía Brindar protección a los menores que ingresan al país con sus familias. La jueza Dolly M. Gee del Tribunal del Distrito Central de California fue asignada al litigio basado en el llamado Acuerdo Flores, que exigía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) brindar protección a menores durante décadas.
Cruzar la frontera solo pero exento de acompañantes. El juez dictaminó que todos los niños migrantes tienen derechos incluso si están esperando ser procesados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Gee ordenó que los menores fueran procesados de inmediato.
La CBP debe dejar de detener a menores afuera, escribió el juez, excepto durante el tiempo que los menores esperan para ser transportados a un refugio o centro de la CBP. Esta decisión responde a un litigio iniciado en 2018 para satisfacer los requisitos de la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump (2017-2021) en la que se modificó el “Acuerdo Flores”. El acuerdo, firmado en 1997 tras años de litigio, estipula que las autoridades federales no pueden retener a menores indocumentados en centros de detención durante más de 20 días y que se debe garantizar su salud.
Ante la llegada masiva de familias migrantes, los abogados defensores del “acuerdo de Flores” buscaron garantizar la seguridad de todos los niños que cruzaban la frontera. La administración del presidente Joe Biden continúa la lucha legal, argumentando que no puede proteger a las personas que aún no están bajo custodia estadounidense y, por lo tanto, no tiene la obligación de brindarles servicios. Pero el juez dijo que los menores, a diferencia de los adultos, todavía están sujetos a algún tipo de detención.
En su fallo, el juez rechazó una solicitud de los abogados que defendían el acuerdo de establecer límites específicos sobre el tiempo que los menores podrían permanecer detenidos en esos lugares.
