WASHINGTON, EL NUEVO DIARIO. – Un grupo de demócratas respaldados por defensores de los inmigrantes y líderes empresariales pidió el miércoles a la administración del presidente Joe Biden que amplíe el acceso a permisos de trabajo para todos, incluidos los inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos que han vivido y contribuido a la economía durante mucho tiempo. Liderado por los representantes de la Cámara Jesús Chuy García, Adriano Espaillat y Lou Correa, el grupo pidió a la Casa Blanca que utilice la autoridad ejecutiva para emitir permisos de trabajo a inmigrantes indocumentados que no tienen derecho a beneficiarse de ningún nuevo programa instituido por la administración Biden.
En carta dirigida al presidente de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y al director de Servicios de Inmigración y Naturalización Ur Jaddou, los legisladores aseguraron que los permisos de trabajo protegerían a los inmigrantes de la explotación a través del trabajo. Agregaron que otorgar permisos de trabajo a inmigrantes que han vivido en el país durante largos períodos de tiempo podría aumentar los ingresos fiscales anuales en alrededor de $13.8 mil millones. Propusieron establecer tres nuevos programas que otorgarían permisos de trabajo a cónyuges de ciudadanos estadounidenses indocumentados que inmigraron cuando eran niños pero no calificaron para el Programa de Acción Diferida (DACA) y a trabajadores que han pagado impuestos durante muchos años.
Los miembros del Congreso aplauden el esfuerzo de la Casa Blanca para otorgar autorización de trabajo a los solicitantes de asilo recién llegados, pero señalan que es hora de extender esa dignidad a otras comunidades de inmigrantes permanentes a Estados Unidos, que están esperando ayuda. por décadas. Se estima que en Estados Unidos, casi 10 millones de inmigrantes llevan años esperando una reforma migratoria, que formaba parte de la promesa de campaña de Biden a la Casa Blanca pero que no ha logrado resonar en el Congreso.
La petición fue respaldada por la presidenta del Caucus Hispano, Nanette Barragán, y otros 10 miembros del Congreso, así como 87 funcionarios electos y 11 organizaciones de defensa de los inmigrantes.
