El juez Amauri Martínez, del Juzgado Tercero de Instrucción, suspendió este viernes la audiencia preliminar en la que el exfiscal comisario Jean Alain Rodríguez comenzará a negar acusaciones de liderar una red de corrupción cuando dirigió la Procuraduría General de la República (PGR) de 2016 a 2020, la cual fue disuelta gracias a la Operación Medusa. El tribunal tomó esta decisión luego de acoger el pedido de la defensa de la imputada Altagracia Guillén, quien pidió una licencia de 7 días por problemas de salud. Por su parte, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó preocupación de que esta pueda ser la estrategia de Rodríguez para retrasar el proceso judicial, con el fin de ahorrar tiempo.
Este tribunal debe recordar que esto demuestra un patrón de conducta. Y este tipo de conductas podrían seguir ocurriendo con otros órganos de defensa controlados por Jean Alain Rodríguez Sánchez, afirmó el fiscal. Además, el abogado del acusado Guillén, Valentín Medrano, calificó las declaraciones de Camacho de abusivas y arbitrarias.
Se ha fijado una nueva audiencia para el próximo viernes 12 de abril a las 9 horas. Este martes, un total de 25 personas implicadas en corrupción en el caso Operación Medusa se declararon culpables tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Entre ellas, hay 14 personas físicas y 11 personas jurídicas.
El acuerdo final se alcanzó con Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, una de las empresas sujetas a sobornos en el marco del Plan Humanitario de las principales dependencias de la Procuraduría General de la República durante la administración de Jean Alain Rodríguez Sánchez. Anteriormente, entre otros, los imputados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la empresa Herrajes Rachel, admitieron culpabilidad y aceptaron cooperar en el proceso; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Xemeres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez. La Fiscalía también llegó a un acuerdo con el imputado Francisco Arturo Santos Gómez.
Asimismo, con la entidad comercial Rogama SRL, entre otras. El caso tiene 41 personas y 22 empresas imputadas. El poder judicial acusó al grupo de funcionarios de la coalición de conducta deshonesta, conspiración criminal y fraude contra el Estado.
También implica corrupción, delitos de alta tecnología, delitos menores y lavado de dinero. Además de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra, la fiscalía también acusó a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio de Obras Públicas, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo, por corrupción en la red. Asimismo, Jenny Marte Peña, exgerente de proyectos; a la exsubdirectora de administración, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de contabilidad, y al exconcejal Miguel José Moya.
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