La JCE ha negado información que generó muchas dudas sobre el supuesto consenso con los partidos políticos para encargar a los coordinadores universitarios la responsabilidad de velar por la seguridad en los espacios electorales, en sustitución de la Policía Militar Electoral. Debido a que es inusual e incluso viola la Constitución, la información negada por los votantes se divulgó con intenciones maliciosas, para crear confusión o malestar en torno a las elecciones. Además de esta aclaración, la JCE debe estar atenta a la desinformación que se difundirá y empañará las elecciones presidenciales y del Congreso de mayo.
Leer más: Operación Caimán El tribunal aclaró que no ha llegado a ningún consenso con las organizaciones políticas sobre el papel de la policía electoral, afirmando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212, fracción III de la Constitución y el artículo 20 de la Ley de Régimen Electoral, eso es sólo gracias a la dirección y orientación del pleno durante el proceso de votación. Este privilegio no se puede delegar, por lo que si se niega un consentimiento erróneo, la JCE estará violando su propia Constitución y leyes orgánicas, lo que sería gravísimo.
