«Aunque nuestro sistema está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos por medio del cumplimiento de las penas de los culpables de violar la ley penal, hemos caído en una arena movediza y, si no se aplican las medidas pertinentes y con celeridad, luego será demasiado tarde», añadió.
Sobre el polémico tema, Roberto Santana, quien lideró la reforma del sistema penitenciario implementado a partir de 2003, calificó de «grave» el retroceso en las metas que se consiguieron durante ese proceso, publicó Diario Libre.
Rememoró que como parte de la reforma, se planteó el establecimiento de una escuela con el propósito de formar al personal (civil) que daría servicio en las cárceles, las que quedaron divididas bajo dos modelos de gestión en 2003.
Explicó que de 2004 a julio de 2022 se graduaron tres mil 695 agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario y unos 14 mil 192 servidores penitenciarios y dicha transformación alcanzó a unas 23 cárceles que entraron en el esquema de Centros de Corrección y Rehabilitación, de un total de 46 que se favorecerían con ese esquema de manera paulatina.
Para Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta el 2020 todo marchó bien, no había hacinamiento ni analfabetismo en las prisiones, contrario a la realidad que se vive hoy, puntualizó al rotativo.
Explicó que el cambio para mal comenzó en 2021, cuando se aprobó una ley que creó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales como el órgano responsable de aplicar las políticas públicas en materia correccional.
Sostuvo que al unificarse los dos modelos (el viejo y el nuevo) se llevaron a jóvenes preparados a dirigir los centros de privación de libertad que aun no se beneficiaban de los cambios, pero bajo otro esquema y condiciones, y a partir de ese momento empezó a dañarse el sistema.
Mercedes dijo a Diario Libre que empezaron a denunciarse casos de corrupción, motines en los centros del nuevo modelo, hacinamiento y consumo de drogas, lo que conllevó a que un número nada despreciable de agentes renunciaran.
El rotativo llamó la atención que Roberto Hernández, a cargo de la Dirección del Sistema Penitenciario, al rendir cuenta de su gestión en enero pasado aseguró mejoras en materia de educación y salud para los presos, así como en las infraestructuras de los centros y en los salarios de los colaboradores.
A raíz del incendio en La Victoria, el presidente dominicano, Luis Abinader, admitió la situación deplorable en las cárceles.
El 25 de marzo último, el gobernante anunció la creación del Comité de Seguimiento al Plan de Gestión La Victoria-Las Parras, el cual se encargará de dar continuidad a las licitaciones y contratos para la transición de la cárcel afectada al nuevo recinto Las Parras.
Para llevar a cabo la reforma penitenciaria, Abinader aseguró que se gestionan los recursos económicos, muchos de los cuales se obtendrán de la recuperación de dinero de la corrupción, provenientes de acuerdos realizados con el Ministerio Público.
Anunció que el referido Comité será coordinado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y le acompañarán el Defensor del Pueblo y el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
También participarán los decanos de las facultades de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
