EL PASO, Texas, Estados Unidos (AP) — Un gran jurado en Texas acusó el martes a más de 140 inmigrantes de delitos menores de alteración del orden público después de intentar una inmigración masiva a través de la frontera entre Estados Unidos y México. La decisión se produjo un día después de que el juez desestimara el caso. Según las autoridades, no se reportaron heridos en el presunto ataque masivo del 12 de abril en El Paso, que comenzó cuando un miembro del grupo cortó una cerca de alambre de púas.
Un incidente similar ocurrido en marzo pasado en la misma ciudad fronteriza también resultó en múltiples arrestos. Un juez de distrito desestimó el lunes los cargos contra los arrestados este mes, diciendo que no había suficiente causa probable. Un abogado que representa a los inmigrantes ha argumentado que las pruebas son insuficientes y acusó a las autoridades de intentar llamar la atención.
Los ciudadanos de El Paso, a través de un gran jurado, esencialmente anularon la decisión del juez y encontraron una causa probable para creer que ocurrió el motín, dijo el fiscal del condado de El Paso, Bill Hicks, en comunicados de prensa. Kelli Childress-Díaz, abogada de El Paso que representa a 141 acusados, dijo que no le sorprendió la decisión. “Me imagino que lo prepararon incluso antes de que comenzara la audiencia ayer”, apuntó.
Los arrestos han centrado más la atención en las actividades de Texas a lo largo de la frontera, donde el gobernador republicano Greg Abbott ha tomado una serie de medidas agresivas para frenar los cruces fronterizos ilegales. Después del arresto en marzo pasado, Abbott respondió desplegando 700 tropas más de la Guardia Nacional en El Paso. Hicks, quien fue designado para el cargo por Abbott en 2022, dijo que si bien es poco común que los grandes jurados emitan acusaciones en casos de delitos menores, sentía que su presentación del caso era respetable.
En total, estima Hicks, más de 350 personas han sido arrestadas por disturbios desde el mes pasado. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2.000 dólares. Los encarcelados aún enfrentan cargos federales, y Hicks señaló que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían ir a la cárcel para procesarlos por el delito menor de ingresar ilegalmente al país.
‘Me siento mal del estómago porque estas personas no son más que… ya sabes… actores políticos que están siendo engañados por algunos de nuestros funcionarios gubernamentales’, dijo Childress-Díaz a Associated Press.
