En República Dominicana, la eficiencia y transparencia de los procesos de adquisiciones y contrataciones públicas son esenciales para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, está claro que el marco legal actual requiere una modernización urgente para adaptarse a los desafíos del siglo XXI y garantizar una administración pública más transparente y eficaz. La Ley de Contratos y Contrataciones Públicas promulgada en 2006 ha sido continuamente criticada por carecer de un mecanismo sancionador claro y eficaz.
A lo largo de los años, se han descubierto muchas irregularidades en el proceso de adquisiciones que han quedado impunes, causando pérdidas millonarias al Estado y creando una sensación de corrupción en la administración pública. Una de las mayores deficiencias de la ley actual es que no existe un régimen de sanciones obligatorio, lo que debilita la capacidad de garantizar la competencia y prevenir comportamientos monopolísticos durante el proceso contractual. A menudo existe favoritismo y amiguismo que impiden la igualdad de condiciones con otros proveedores, distorsionando el mercado y limitando las oportunidades para las empresas emergentes y los pequeños empresarios.
Otro aspecto importante que requiere atención urgente es la falta de transparencia en la gestión del proceso de contratación. Si bien la ley exige la publicación de estos procedimientos en portales electrónicos de información, en la realidad, esta información no siempre es clara y efectivamente accesible al público. La falta de una supervisión efectiva y de una publicación clara de los documentos de licitación ha facilitado prácticas corruptas como el soborno y el favoritismo en la adjudicación de contratos.
La reforma de las leyes sobre adquisiciones y contratos públicos debe abordar estas deficiencias de manera integral y proactiva. Es necesario establecer un mecanismo sancionatorio claro y eficaz para los organismos y funcionarios que no cumplan con la ley. Además, la ley debe adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades de las personas, promoviendo la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Se necesita más determinación para investigar y manejar las violaciones en el proceso de contratación pública. También es necesario establecer criterios claros y objetivos para la adjudicación de contratos, fomentar la participación de más postores y simplificar los procedimientos burocráticos. La reforma debería considerar la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de adquisiciones para agilizar los procedimientos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.
La urgente modernización de las leyes sobre adquisiciones y contratos públicos es crucial para fortalecer las instituciones democráticas y promover el desarrollo económico y social del país. Sólo a través de un marco jurídico sólido y eficaz, basado en los principios de transparencia y competencia, podremos construir un Estado más justo y democrático para todos los ciudadanos.
