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Caso Calamar: Aparecen nuevos nombres en los expedientes

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Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casino y Juegos de Azar.

En documentos radicados en la Coordinación Correccional del Juzgado de Distrito Nacional, Rafael Calderón Martínez, exsenador de Azua del Partido de la Liberación Dominicana, aparece actualmente como imputado (PLD) durante el período 2016-2020. También estuvieron presentes la Princesa Alexandra García Medina, Manuel Morilla Gil, César Miguel Santana, Hathaly Hernández, Daniel Guerrero, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Mabel Mejía Cintrón, Natividad Martínez, Manuel Morilla Soto, Omar Manuel Miqui y Kimberly Zayas. También estuvieron presentes José Ramón Peralta, exsecretario administrativo del Presidente; Donald Guerrero, Departamento de Finanzas; Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar Caamaño, ex Contralor General de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro Nacional.

Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casino y Juegos de Azar. Entre los cargos que la Fiscalía atribuyó a los involucrados en el caso Calamar, estuvo la creación de un grupo de trabajo criminal en el que participaron expertos que trabajan en el sector privado. Según la Fiscalía, la función de esta agencia es atender los procedimientos administrativos y judiciales para identificar a los herederos ilegales, obtener duplicados de documentos, actas anotadas e identificar a los herederos ilegales, determinar oportunamente los precios justos y los registros de valor, para estos efectos.

documentos públicos falsificados. , como conductas escandalosas, encaminadas a excluir herederos y vulnerar sus derechos fundamentales. Señaló que los involucrados también falsificaron documentos de otros mandatarios estatales para realizar pagos ilegales por más de 21.000.000.000,00 millones de pesos.

El congresista agregó que falsificaron la fecha de registro y firmaron contratos de lavado de activos a través de empresas que recibieron bienes públicos en cantidades exorbitantes, mediante contratos de transacciones simuladas. Según la fiscalía, la red de corrupción obligó a los empresarios a abandonar parte del contrato, a riesgo de seguir siendo proveedores del Estado. Afirmó que utilizaban esquemas comerciales tradicionales para realizar operaciones de lavado de dinero al más alto nivel.

Asimismo, la Fiscalía aseveró que las estructuras criminales obligaron (obligaron) a los presuntos solicitantes a firmar contratos de crédito a su favor sobre la base de deudas imaginarias, como condición indispensable para gestionar los pagos. Asimismo, crearon la necesidad de reunir capital e identificar bienes que fueron declarados de beneficio público y cuyos dueños no habían recibido precios adecuados, logrando así que la Casa Dominica desembolse dinero por medios fraudulentos, volviéndola frugal. .

beneficios para funcionarios y personas físicas integrantes de la organización criminal antes mencionada. El viceministro, jefe del gobierno mafioso, afirmó que para estos fines, el jefe del gobierno mafioso pidió directamente a los directores de agencias ejecutivas, como Obras Públicas y OISE, que le proporcionen los nombres de los registros que pretenden autorizar, a través de orientaciones para acelerar la ejecución, si se han realizado pagos fraudulentos. .

HACER. El organismo asevera que la demandada también estableció una estructura integrada por funcionarios de nivel superior, medio y otros servidores públicos, así como técnicos de los distintos organismos públicos empleados, quienes se unieron y unieron para defraudar al Estado dominicano, para el finalidad de beneficio personal. de partes interesadas y de terceros.

En este sentido, se comporta como un diplomático de alto nivel, con un representante de calidad en cada organización, cuyo objetivo es posibilitar las actividades criminales de la organización que lo ha reconocido. El documento tiene aproximadamente 3.662 páginas y está respaldado por más de 2.000 pruebas. El Juzgado Cuarto de Distrito Nacional fijó para el 17 de junio de este año una audiencia preliminar en el caso Calamar.

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