Retener al paciente y el cuerpo es ilegal, porque es un derecho humano dual, a la salud y a la libertad personal, dijo Arismendi Díaz Santana, presidente de la Caja de Seguro Social de Todo. Pidió al Ministerio de Salud Pública aprobar la ilegalidad de retener al paciente y el cuerpo y redactar un contrato único, con disposiciones que definan los derechos de los pacientes, clínicas y hospitales, y ofreciendo opciones de pago equilibrado para ambas partes. Según él, las autoridades deberían redactar un contrato único que establezca los derechos de los pacientes, clínicas y hospitales, así como las condiciones de pago para resolver las deudas imprevistas, afirmó el máximo funcionario del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
Puede leer: Comunicador Rafael Guerrero fue declarado culpable de difamación e injurias al exjefe policial La detención de pacientes y cadáveres en clínicas y hospitales muestra el carácter de los huérfanos de respeto a los derechos humanos, afirmó Díaz Santana. Aunque esto es una violación de la ley, las autoridades aún no han hecho cumplir la ley adecuadamente, lo que plantea la pregunta: ¿de qué sirven los derechos humanos si el gobierno no los garantiza? Aseguró que es una realidad el aumento de las críticas contra los centros médicos privados y públicos, que exigen a los pacientes abandonar o entregar cuerpos para pagar la deuda de servicios médicos, vulnerando las libertades personales estipuladas en la Constitución de este país.
República. Los abogados consultados coincidieron en que retener pacientes y cadáveres en centros médicos es una violación a la ley. Dijo que el gobierno debería actuar de inmediato y atacar a las organizaciones o personas que utilizan el dolor de otras personas como moneda de cambio.
Lo que es completamente ilegal e inaceptable es la detención por deudas de familiares, utilizando procedimientos coercitivos y violatorios de los derechos humanos, aprovechándose de la situación crítica y dolorosa de los pacientes y sus familiares, analiza Díaz Santana al abordar este tema. Algunas familias se quejaron de que, en su caso, la negativa a admitir pacientes, así como el trato irrespetuoso y desconsiderado por parte de la dirección del centro médico y sus abogados, también fueron traumáticos y más dolorosos que la enfermedad de un ser querido, provocando tensión en la familia. El lamento del experto por estas situaciones lamentables, repetidas una y otra vez sin vislumbrar una solución equilibrada, constituye una expresión clara de la primacía del Estado de Derecho más estricto, del respeto a la humanidad.
En ocasiones la situación se complica por la diferencia entre ARS y PSS, complicando y retrasando el alta o traslado del cuerpo del paciente. En estos casos, los afiliados deberán comunicarse con la Dirección de Información y Protección al afiliado (DIDA) y la Agencia de Vigilancia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) para presentar su denuncia y hacer valer sus derechos. Afirmó que es necesario que haya una solución jurídica equilibrada y que respete los derechos de los pacientes.
Estos prestadores de servicios médicos tienen derecho a cobrar por los servicios médicos prestados, pero lo que se ha criticado es que en ocasiones aplican procedimientos coercitivos, arrogantes y desconsiderados. Expertos afirman que es necesario que haya una solución amistosa y ajustada a derecho, velando por la integridad de los pacientes. En el mejor de los casos, los seres queridos se ven obligados a firmar un pagaré o un bono de pago, lleno de condiciones unilaterales y beneficios insignificantes, y luego se convierten en víctimas de leyes coercitivas de cobro de deudas que no respetan la integridad humana, lamentan los expertos médicos.
. y sistema de seguridad social. Que ofrezca opciones de pago equilibradas para ambas partes y que las reglas sean claras.
