A diferencia del viernes pasado, la diputada perremeísta Rosa Amalia Pilarte no lloró ayer ni cuando el fiscal aprobó el pedido la condenó a 10 años de prisión, para ser cumplió cargos en Najayo, San Cristóbal, por presunto lavado de dinero producto del narcotráfico.
Cuando le llegó el turno de hablar ante los magistrados de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia (SCJ), presidida por el juez Francisco Jerez Mena, afirmó con voz firme y enérgica que siempre ha sido una mujer que siempre trató de saber hacia dónde iba y no hay vergüenza en ser acusada falsamente. Tú puede leer: El próximo domingo Leonel Fernández ya no verá a Luis Abinader
«Porque no sé, son tantas cosas que pueden pasar en la cabeza de una persona, para inventar una historia y atarla así muchos nudos que no cuadran, porque sólo una persona tiene algo que ver con nosotros y mi familia, en un momento determinado…»
La demandada se refiere a Pablo Rigoberto Martínez, quien , según el viceministro, fue condenado por tráfico internacional de drogas en Estados Unidos y tras ser deportado a su país mantuvo aquí su red involucrando al esposo de la legisladora, Miky López
. Dijo el diputado, representado por Pelagio Alcántara Pedro Amador y Fernando Quezada, de la empresa Agro Miky) nació el 25 de noviembre de 2008, «y fue la época en que el imputado invirtió en el sistema financiero nacional por RD 2,049 millones de dólares. Dijo que el nombre de la empresa Miky López que el congresista quiso vincular con los emprendimientos ilegales era inicialmente una empresa avícola familiar de 20 personas entre cuyos accionistas se encontraban estas personas «que son montañas jurídicas y morales», como el actual presidente de del Concejo Municipal de Elecciones de La Vega.
Agregó que la cuenta que el diputado Pilarte tiene en el Banco Popular data del año 2005 y allí recibió los depósitos de la empresa, y todos los testigos «claves» manifestaron «que todo fue normal » y los préstamos eran razonables. La defensa de Pilarte pide al tribunal que suprima el informe de investigación en el que se confiscaron al legislador más de 1.000 pastillas de «éxtasis» y otras pruebas presentadas por los diputados en su contra; absolvió al acusado y devolvió todos los bienes confiscados en posesión del imputado.
Por su parte, la organización denunciante reiteró su solicitud de pena de prisión de 10 años.
