MIAMI, Estados Unidos. – El gobierno de Estados Unidos comenzó el jueves a implementar una nueva política fronteriza que afecta a inmigrantes con antecedentes penales o que pueden ser considerados no elegibles para asilo bajo ciertos criterios. Esta nueva regulación, según declaraciones de la agencia AP a fuentes anónimas cercanas al asunto, es un paso preliminar para futuras medidas que aumenten la severidad de las políticas fronterizas.
La propuesta, anunciada oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional, permitiría a un funcionario, en lugar de a un juez, decidir durante la fase de evaluación inicial si un migrante es elegible para continuar con el programa de asilo o no. Esto afectará a un grupo relativamente pequeño de inmigrantes, explican fuentes citadas por AP. Asimismo, aclaran que se trata de personas que no cumplen con los criterios para beneficiarse de la protección en todos los casos.
Actualmente, un migrante que llega a la frontera y se somete a un proceso inicial de evaluación de miedo creíble puede continuar el proceso incluso si tiene antecedentes penales o representa un riesgo para la seguridad. Luego, el juez debe determinar su elegibilidad para recibir asilo. Ahora, la nueva norma busca agilizar este proceso.
Según AP, los defensores de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por los cambios en el proceso de procesamiento del miedo creíble, argumentando que los migrantes enfrentan estas entrevistas inmediatamente después de un viaje extremadamente arduo y peligroso. Además, argumentan que las entrevistas están diseñadas para ser de baja calidad y plantean preguntas sobre el apoyo legal disponible para los inmigrantes durante estos importantes procedimientos. Bajo la presión de algunos demócratas y activistas por los derechos de los inmigrantes, el presidente Joe Biden ha considerado una acción ejecutiva más amplia, especialmente si el número de cruces fronterizos ilegales continúa reduciéndose.
Al mismo tiempo, los legisladores demócratas pidieron a la administración proteger a los familiares de ciudadanos estadounidenses de la deportación y extender el estatus de protección temporal a personas de países afectados por desastres y conflictos.
