Santo Domingo.- La fiscal Rosalba Ramos dijo que la Fiscalía del Distrito Nacional se reunirá de manera permanente durante el fin de semana para atender denuncias de ciudadanos que puedan ser procesado por violaciones electorales en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Junto al fiscal electoral, Iván Féliz Vargas y su equipo de fiscales, destacó que el Área Electoral Nacional, con casi 800 mil electores, representa un punto clave en el proceso electoral del país. La fiscal y su equipo estarán entre los 125 fiscales y 79 abogados que se desplegarán en todo el país para procesar delitos electorales.
Estas violaciones electorales, reguladas por la ley básica del régimen electoral, dan lugar a penas de prisión correccional que van de seis meses a dos años y multas que van de dos a diez salarios mínimos en el sector público. Negarse a reconocer el voto de cualquier persona con derecho a votar, negarse a firmar un certificado de elección de cualquier persona con derecho a ese derecho. Las personas que infrinjan las normas ambientales, especialmente las que afectan la flora, la fauna y los niveles de decibeles, podrán emitir ruidos, según ley establecida por la Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, serán sancionadas.
ratificar. Los trabajadores de los colegios electorales que no se presenten o abandonen sus funciones sin permiso previo pueden ser castigados por violaciones electorales. También obstruir a cualquier elector cuando vota, habla o sale del colegio electoral.
Incitar o impedir, en cualquier forma, a los electores el ejercicio de su derecho al voto. También es importante evitar exhibir carteles políticos que no sean requeridos por ley en las áreas de votación. Otros delitos electorales castigados con pena de prisión de tres meses a un año y multa de uno a cinco salarios mínimos en el sector público incluyen presentar la papeleta después de la votación, mostrando cómo votaron, salvo que sea para el propósito y ocasión permitida por la ley.
para ayudar en la preparación de la votación. Asimismo, las personas que marcan las boletas o les colocan cualquier marca que pueda sugerir que la boleta contiene votos a favor o en contra de un candidato y que, cuando ayudan a los votantes a preparar las boletas, marcan las boletas de una manera diferente a los deseos del votante. votantes.
Este es considerado un delito al que se le aplica pena de uno a seis meses y multa de uno a cinco salarios mínimos en el sector público, quienes tienen empleados, trabajadores y otros tienen derecho a elegir a sus órdenes o a petición de ellos. servicio, incendio provocado, amenaza de despido o deducción de parte del salario para votar. Otros delitos se califican como graves y se castigan con penas de prisión de tres a diez años y multas de uno a diez salarios mínimos en el sector público, y a quienes deliberadamente se nieguen a incluirlos o no los lleven a la boleta oficial.
Estará sujeto a esta sanción el nombre de cualquier candidato que deba presentarse allí. Personas que ilegalmente agregaron o permitieron que otros agregaran boletas a aquellos que habían votado legalmente, que fraudulentamente permitieron que otros contaran las boletas. Las personas que sean miembros del colegio electoral que reciban de los electores una papeleta preparada para la votación, las personas que voten con una papeleta que no haya sido recibida por el colegio electoral, las personas que violen la papeleta electoral durante el traslado de la campaña.
