A pocas horas de las primeras noticias de la Comisión Central Electoral (JCE), escribía a ciegas sin poder precisar con claridad el número de votos que obtuvieron los candidatos presidenciales y el parlamento de cada partido. Desde 1966, el país ha pasado por 15 elecciones presidenciales y 5 elecciones parlamentarias y/o municipales, y en cada una de ellas se repite una constante: la organización, preparación y conducción de las elecciones se desarrolla cada vez con mayores niveles. de solidez, transparencia y reconocimiento ciudadano.
Al respecto, un análisis retrospectivo permite constatar que en la anécdota colectiva se omitieron episodios en los que se omitió la publicación de los boletines electorales de la JCE. lento, tortuoso y doloroso; o cortes de energía frecuentes; los soldados circulaban por los colegios electorales; los modelos estaban dislocados; o los electores encuentran resistencia institucional al ejercer su derecho al voto.
Este proceso histórico ha alimentado un círculo virtuoso que, de elección en elección, otros candidatos, han ido incorporando mejoras basadas en las lecciones aprendidas. Muchos de ellos son innovadores porque preservan y protegen el derecho fundamental al voto de los ciudadanos que antes no podían ejercer plenamente ese derecho; como el “voto carcelario” de las personas privadas de libertad en calidad de presos preventivos -es decir, a falta de una sentencia definitiva o irrevocable que les suspenda la ciudadanía- permitió a 4.313 presos ejercer este derecho por primera vez en el país; “voto en casa” y “voto apoyado” con mesas extra, que facilitan a las personas mayores o con determinadas discapacidades el acceso a instalaciones que les ayuden a ejercer sus derechos en el marco del programa “voto accesible”; combinación de carácter de fiscal especial para combatir delitos y violaciones electorales, entre otros.
En general, al final el proceso se desarrolló sin incidentes destacables, son bastante raros y ocurren como hechos aislados, y son no enmarcado dentro de un patrón direccional de comportamiento. En resumen, la gente votó de forma segura, rápida y tranquila.
Cuando los rumores electorales disminuyan, la JCE debería intensificar la revisión y actualización del marco legal actual. La Ley N° 33-2018 relativa a partidos, grupos y movimientos políticos, y la Ley N° 20-2023 relativa al régimen electoral, parecen incompletas e inválidas, dados los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, las redes sociales y las “noticias falsas” plantean, como acontecimientos difusos y asimétricos que crean desconcierto, confusión o miedo entre los electores-, una actualización y una actualización; y esto será posible si integramos las lecciones aprendidas de procesos recientes.
