$55,3 millones en el presunto esquema de fraude y corrupción para expropiar y comprar terrenos atribuidos por la Fiscalía a los imputados en el caso Calamar, lotes 74-C, 142- pendientes C y 2147-B. Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional (terreno en la franja del Malecón conocido como El Algodonal), por el cual el Estado fue obligado a pagar de manera fraudulenta RD$553,160,000. De esta cantidad, el abogado Ángel Lockward presuntamente recibió RD$55,316,000, los cuales cobró a través de una persona llamada Agustín Mejía Ávila.
Según la Fiscalía, los hechos sucedieron de la siguiente manera: la denominada empresa El Algodonal, C. por A. se fundó con el propósito de urbanizar los terrenos antes mencionados y para ello creó un fraccionamiento denominado Urbanización Miramar.
Puede leer: Jean Alain niega haber ordenado agresiones a periodistas durante su misión La empresa El Algodonal, C. por A., es propietaria legal de los lotes 74-C y 142-C, fundada en 1973, cuyo presidente es el Dr. Arístides Álvarez Sánchez, y sus socios fundadores, el Sr.
Virgilio Álvarez. Sánchez, Arístides Álvarez Sánchez, Lucila Álvarez Vda. Volmar, Dr.
Manuel Álvarez Sánchez, Mercedes Álvarez de Malagón, Isabel Eugenia Álvarez de Martínez y General Braulio Álvarez Sánchez. Si bien Sociedad Inmobileiaria El Algodonal, S.A., es la propietaria legal del terreno 214-B., tiene su domicilio social en Santiago de los Caballeros, representada por doña María Grieser de Tavárez. La Fiscalía señaló que el acusado Ramón David Hernández, quien laboraba en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), tuvo acceso a información privilegiada sobre las empresas que ostentaban derechos de propiedad sobre inmuebles y estuvo inactivo por muchos años (perdiendo así el registro de nombres).
. en Onapi, además del registro comercial vencido) y preparar documentos que contengan esta información. Agregó que en marzo de 2017, Hernández, su esposa Yahaira Brito Evangelista y el fallecido Víctor Fermín Sepúlveda sustituyeron la personería jurídica de las sociedades antes mencionadas y fundaron la sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.R.L., sociedad a la que usurpó los derechos que efectivamente ostentan las sociedades.
. víctima de .hoy. Sin perjuicio de esta usurpación de personalidad jurídica; A falta de decreto de expropiación y en violación de la ley, sustentado en un supuesto informe técnico de peritos realizado sin ningún criterio técnico ni científico y además con la fecha de promulgación dada deliberadamente, el finado Rivas Rodríguez firmó un acuerdo de transacción con Hernández el 6 de diciembre.
En marzo de 2020, el fraude obligó al Estado a pagar $553,160,000 a la RD. Si bien los registros estaban disponibles en Hacienda para efectos de pago, a solicitud de Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, su superior inmediato, Rafael Collado, revisó la fecha de los registros, cambiándolas al 20 de enero de 2020, dijo ‘remuneraciones’. El 2 de agosto de 2022, según oficio número DNRT-2022-0653, la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., propiedad de Hernández y su esposa, recibió trato preferencial sobre terrenos por presunta expropiación forzosa cobrados en beneficio del Estado.
. . Entre los documentos del expediente enviado por Hacienda al Congresista el 15 de diciembre de 2021 mediante comunicación MH-2021-032912, se encuentran alegaciones de transferencias de crédito realizadas cuatro días después de la firma del acuerdo, incluyendo 55.316.000 DOP.
por Ángel Lockward.
