Representante del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante el Consejo Central Electoral (JCE) solicitó ayer al pleno de la organización intervenir lo antes posible para poner fin a la participación de Oficiales de las Fuerzas Armadas Fuerzas en el proceso electoral del 19 de mayo. Los generales participan como activistas al servicio del candidato a la reelección, enfatizó Yván Lorenzo, al mostrar a los medios un video audiovisual en el que aparece el presidente de la Comisión del Fondo de Jubilación y Pensiones de las Fuerzas, mayor general de las Fuerzas Armadas, Julio César Hernández Olivero, tal vez Se lo vio buscando apoyo para su candidatura oficial al pedirle a uno de los jubilados que declarara en su campo que le habían aumentado el salario en 5 mil pesos. Puede leer: PRM toma juramento a las mujeres del Movimiento de Mujeres Rojas Las fuerzas armadas son esencialmente civiles y la participación de sus miembros en la actividad política constituye una flagrante violación a la Constitución de la República.
Hoy, dijo, presentamos vídeos e imágenes en las que vemos claramente violaciones de la Constitución, de las leyes electorales y de la reciente resolución que prohíbe la asistencia social. Senadores y dirigentes políticos expresaron preocupación porque el mayor general Juan José Otaño Jiménez también cumplió una doble función, primero como director de la Policía Militar Electoral y luego como presidente del Consejo de Administración de Contrataciones de la cooperativa de ahorro, crédito y servicios multipropósito. Miembros del ejército.
Fuerza. Creía que utilizaría estos cargos para facilitar el ascenso del presidente Luis Abinader a través del mayor general Julio César Hernández Olivero. El portavoz del PLD en el Senado mostró a los medios varias fotografías de un operativo realizado el pasado miércoles en el que Otaño entregó raciones de alimentos y artículos del hogar a Oliverio en plena campaña electoral del nominado.
El senador fronterizo Elías Piña dijo que el pleno de la JCE debe enviar una señal de transparencia y escuchar las quejas de los partidos de oposición sobre el uso de recursos estatales en la campaña.