La nueva norma, iniciativa lanzada en el Senado de la República, fue cumplida por el presidente Abinader a inicios de mayo, de conformidad con sus facultades constitucionales.
El Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió la Ley 18-24, que regirá en lo sucesivo las actividades de la Cámara de Cuentas, máximo órgano externo de control financiero de los recursos públicos, los procesos administrativos y estatales. activos.
El Código moderniza los procedimientos de la organización, busca mejorar las herramientas para lograr los objetivos de la organización y fortalece el régimen para el manejo de infracciones administrativas. La Ley 18 -24 aclara en detalle el ámbito de su aplicación, crea un Sistema Nacional de Control y Vigilancia, aborda la composición, autonomía, naturaleza, facultades y facultades del Departamento de Auditoría, regula las actividades de los organismos, regula las facultades, facultades y obligaciones de los directivos, orienta los parámetros de organización administrativa y define el papel de la Contraloría en el sistema nacional de control y supervisión, así como en los procedimientos de auditoría.
La nueva norma, cuya iniciativa tuvo origen en el Senado de la República, fue cumplida en la inicios del mes 5 por el presidente Abinader, en ejercicio de sus facultades constitucionales.
Estas observaciones, ahora aprobadas por los delegados de la Cámara, plantearon la necesidad de fortalecer el funcionamiento efectivo de la importante institución, afectando el poder de la asamblea general, la reunión del Departamento de Contabilidad, la marcha de las reuniones, las facultades del director, los principios y reglas de la carrera administrativa en particular.
Según lo establece el motivo normativo, durante Tras el proceso de Reforma Global en el que se introdujo el sistema de control e inspección del Estado de Dominica, fue necesario actualizar el Departamento de Contabilidad de acuerdo con las normas de la Constitución y las exigencias de la nueva era, para esforzarse por asegurar una administración pública acorde con ética, eficiencia, eficacia, rapidez y transparencia.
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