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Senado aprueba en primera lectura proyecto de ley Código Penal; castiga el genocidio, feminicidio y sicariato

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La propuesta contempla el cúmulo de penas con infracciones muy graves que no excederá los 60 años de prisión.

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República aprobó en primera lectura y envió a una comisión especial el proyecto de Código Penal, que establece nuevos cargos penales y cúmulos de penas, castiga el genocidio, feminicidio, sicariato y daños con sustancias químicas, con penas desde 30 a 40 años de prisión.

El Código Penal fue aprobado en primera lectura con 20 votos a favor y tres en contra, tras ser colocado en la orden del día, liberado de lectura, aprobado en primera lectura y enviado a una comisión especial, a petición de los que presentaron la pieza.

La iniciativa fue reintroducida por los senadores Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Virgilio Cedano, de Dominicanos por el Cambio (DxC); Alexis Victoria Yeb, del Partido Revolucionario Moderno; y Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo.

El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, solicitó al Pleno reintroducir la pieza legislativa en los trabajos de este martes y que se enviara a una comisión especial, moción que fue aprobada con 18 senadores de 23 presentes.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, conformó una comisión especial para estudiar la iniciativa, la cual encabeza el senador Santiago José Zorrilla e integran los senadores Aris Yván Lorenzo, Dionis Sánchez, Manuel del Castillo Saviñón, Lía Inocencia Díaz, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Antonio Manuel Taveras, Pedro Catrain y Ramón Rogelio Genao.

Al remitir este proyecto a estudio De los Santos, estableció la forma de trabajos de la comisión, refiriendo que el proyecto primero se enviará a comisión sin importar el plazo para que se estudie a profundidad, y las modificaciones serán sancionadas en segunda lectura.

La normativa legislativa está estructurada por más de 400 artículos y regula nuevos tipos penales, reformando de manera integral el derecho penal dominicano, con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad.

La propuesta contempla el cúmulo de penas con infracciones muy graves que no excederá los 60 años de prisión.

Dentro de las modificaciones que presenta la normativa está el castigo al hostigamiento o “bullying”, como conductas que serán sancionadas con medidas socioeducativas, prisión menor y multas. En caso de reincidencia por una persona mayor de edad se sancionará con prisión mayor.

También incluye el castigo de la violencia de género con pena mayor a quien provoque daño físico, sexual o psicológico a una persona mediante el empleo de fuerza física o violencia económica, patrimonial psicológica verbal.

Fomento a la inversión

El Pleno del Senado también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión, que tiene el propósito de establecer el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera, y regular las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.

Esta pieza, que pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, es de la autoría del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria.
Los inversionistas estarán obligados a desarrollar y mantener la inversión en todas sus etapas, cumpliendo el marco legal de la República Dominicana, en especial las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la actividad vinculada a la inversión en todas sus etapas, durante el plazo estipulado de desarrollo, operación y terminación, conforme a la ley.

Refiere que debe cumplir fielmente con el conjunto de disposiciones estratégicas y acciones establecidas o que establezca el Estado para orientar, condicionar y determinar la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales, tomando para ello todas las precauciones dispuestas por las entidades pertinentes, con el objeto de evitar o mitigar cualquier efecto negativo al medio ambiente.

También deben cumplir de manera estricta y pagar puntualmente los impuestos, tasas y contribuciones, y demás cargos sociales y elaborares a los que está sujeta la inversión.

 

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