La profesora y experta en derecho penal Patricia Santana dijo ayer que en el proyecto de Código Penal que se presenta en el Congreso, no se puede eximir tanto al Estado como a los ciudadanos de responsabilidad penal .
“En los debates discutidos solo vemos que se habla de excluir a la iglesia, pero lo que es muy preocupante es que este documento exime de responsabilidad penal al Estado y a las ciudades centralizadas”, expresó, al participar en el seminario “Código Penal: desafiando los derechos civiles y la constitucionalidad en República Dominicana”.
Santana dijo que eximir a estas personas jurídicas de responsabilidad penal sería una violación a los convenios internacionales y reduciría su responsabilidad en el caso de una catástrofe en la que el asesinato puede atribuirse al incumplimiento de determinadas normas relativas, por ejemplo, a la planificación urbana.
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Este operativo se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD) y contó con la presencia de juristas, docentes, estudiantes y otras personas.
En el debate también participó el jurista Trajano Potentini, quien recordó que el Código Penal no es sólo la causa sino que también hay otros factores importantes que, según él, deben ser analizados, como la incomprensibilidad de corrupción, derechos de autor intelectuales en el crimen, malvados asesinos y delincuentes, respecto del derecho a la libertad de expresión, que según ella debe ser protegido.
Por su parte, Melina Zaiz enfatizó la necesidad de una innovación del Código Penal para proteger la dignidad de las mujeres y niñas, por lo que apoyó la inclusión de las causas del aborto en el proyecto, ya que su dictamen no viola la Constitución.
Alexis Joaquín Castillo dijo que el El proyecto de ley penal que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso debe ser analizado en profundidad, pues entiende que el artículo contiene varias disposiciones que contradicen la Constitución.
John Garrido dijo que entre las irregularidades del proyecto está que permite que una persona ser juzgado dos veces por el mismo hecho, contrario a la Constitución, y castigos corporales a niños menores de edad, contrarios a los tratados de protección de la infancia.
