El primero de estos dos nuevos procesos se refiere a «delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de poder contra el comandante de la Policía Nacional» Martín Ocampo Aguirre el lunes
La Fiscalía peruana anunció este sábado la apertura de dos investigaciones por nuevas “muertes y heridos” ocurridos durante las protestas antigubernamentales registradas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, lo que eleva el número total de procesos en curso a 20.
«A la fecha se han formalizado 20 investigaciones en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; involucrando a 160 miembros de la Policía Nacional. y el Ejército están acusados de causar la muerte y lesiones de 274 ciudadanos”, explicó la Fiscalía peruana en un comunicado de prensa que ratificó su “compromiso con la búsqueda de justicia y reparación” para las víctimas. de protestas sociales.»
El primero de estos dos nuevos procedimientos se refiere a «los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de poder en contra del comando de la Policía Nacional Segundo Martín Ocampo Aguirre; sobre los hechos ocurridos cerca del Aeropuerto Inca Manco Cápac, en la localidad de Juliaca; donde 4 personas resultaron heridas. Su vida y dos personas más resultaron heridas como “consecuencia de enfrentamientos entre manifestantes y policías”.
En este último caso “el excomandante en jefe de la policía nacional familiar, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, se encuentra detenido en medio de la investigación; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Jesús Flores Solís; el jefe del Departamento de Policía de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján Ruiz; y los policías Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco”, afirmó la fiscalía.
Este anuncio se produce luego de que la ONG Amnistía Internacional (AI) dijera hoy jueves que la muerte de unas 50 personas en el mencionado Las protestas podrían manchar no sólo a la presidenta del país, Dina Boluarte, sino también al mando de las fuerzas de seguridad responsables de ellas en lo que consideraron «una de las violaciones de derechos humanos más graves» en la historia reciente del país.
. En un informe que detalla las decisiones clave de Boluarte Como líder supremo de las fuerzas armadas y de la policía peruanas, AI reveló que Boluarte se reunió varias veces con los comandantes de las fuerzas armadas y de la policía, beneficiándose así de «muchas oportunidades » para condenar el uso ilegal de forzar y ordenar un cambio de táctica, aunque negaron repetidamente mantener contacto directo con los líderes militares del país.
