Santo Domingo.- Foro Feminista Magaly Pineda denunció este miércoles que el proyecto de Código Penal que está por ser rebajado aprobado por la Cámara de Representantes tiene graves falencias, promueve la impunidad y no proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Explicó que el proyecto que actualmente se discute en la Cámara de Representantes ha sido aprobado en el Senado sin lectura, análisis o discusión y contiene varios artículos controvertidos que contravienen el derecho penal moderno y dejar al país sumido en leyes obsoletas, arcaicas e inhumanas
«En primer lugar, el artículo 14 prevé la exclusión de toda responsabilidad penal de las organizaciones religiosas, lo que significa inmunidad total e inmediata por los delitos cometidos por los sacerdotes. . ser investigado por las autoridades judiciales, lo que provocó una amplia oposición en un país conocido por encubrir y proteger a sacerdotes que violaron y abusaron de menores.
Señalaron que casos como el del sacerdote Alberto Gil, quien estuvo involucrado en pornografía de menores, y Jozef Wesolowski acusado de pederastia no serán procesados, así como el caso del pastor misionero Víctor Manuel Kery acusado de violar a más de siete niños y niñas. Por otro lado, no protege a los niños de los castigos corporales y no suspende la patria potestad en casos de violación, incesto o agresión sexual contra niños y adolescentes.
«De esta manera legitima a la familia violencia y abandono de los menores, quienes deben gozar de especial protección según la ley y los tratados internacionales”, señalan.
Alega que el artículo 185 elimina la orientación sexual como causa de discriminación y además permite evitar las sanciones previstas en el mismo artículo si se invoca el derecho a la libertad de conciencia, «basta decir que la norma contradice sus creencias para cometer actos discriminatorios sin sanción alguna».
» Además, con este Código Penal, República Dominicana mantendrá la prohibición total del aborto, situación que impide a niñas y mujeres acceder a tratamientos médicos de calidad cuando sus embarazos plantean un alto riesgo, condenándolas implícitamente a la pena de muerte”, señalaron.
Explican que de entrar en vigor el Código Penal que se discute en el Congreso, las historias de niñas y mujeres como Rosaura Almonte Hernández (Esperancita), quien murió al negarle una quimioterapia que podría haberle salvado la vida porque estaba embarazada de pocos días sucederá con mayor frecuencia en el país.
También en el artículo 130, las mujeres son víctimas de violencia y las familias no fueron protegidas, desconociendo la posesión y almacenamiento de armas por parte del agresor, sin tener en cuenta que cientos de mujeres dominicanas fueron víctimas de feminicidio porque las autoridades permitieron que los agresores todavía estuvieran armados.
«El Parlamento dominicano, en lugar de avanzar para proteger los derechos fundamentales y actualizar sus leyes a los tiempos modernos, está condenando a los ciudadanos de Tengo a vivir bajo el yugo de la ley medieval y del monopolio”, afirmó.
