El caso ha monopolizado el debate político en las últimas semanas en el país, provocando que la oposición de derecha exija la dimisión de Sánchez
La Fiscalía pidió este martes anular la citación al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para declarar en la instrucción judicial contra su esposa por presunta corrupción y tráfico de influencias, presentada cuestionando su “utilidad” y “oportunidad” de haber acceso a las AFP. .
El juez Juan Carlos Peinado, que lleva el caso contra Begoña Gómez, anunció que acudirá el próximo martes a la Moncloa, sede del Gobierno, para declarar “con carácter de testigo” ante el tribunal del líder socialista sobre el juicio a su esposa.
La fiscalía expresó “inconformidad y rechazo” con la decisión del juez, argumentó que “no tenía sentido” pedir a Sánchez que declarara, tal como estaba no está obligado a hacerlo, según la legislación española, que permite a una persona no declarar contra su cónyuge.
Además, esto no sería “del todo relevante”, ya que se trata de un “hecho de la relación”. que existió entre la investigada y su esposo fue notorio, al igual que el cargo que éste ocupa”, afirmó, impedirá que recursos como el que presentó el martes de esta semana se resuelvan antes, y. sin considerar la “proporcionalidad” de la decisión “teniendo en cuenta el impacto y las consecuencias previsibles” en la vida del país. por continuar la investigación “con un alcance claramente desproporcionado y carente de precisión o definición”.
Gómez, especializada en recaudación de fondos, especialmente para fundaciones y ONG, es sospechosa de aprovecharse de la posición de su marido en sus relaciones profesionales, especialmente con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que recibió ayudas públicas y que también es objeto de una investigación.
El juez Peinado continuó la investigación del caso, abriéndose tras una denuncia de ‘un grupo cercano a la extrema derecha, a pesar de dos informes de la Guardia Civil que no encontraron irregularidades y Un dictamen adverso hacia la Fiscalía
Este incidente, que ha acaparado los debates políticos en el país en las últimas semanas, ha llevado a la oposición de derecha a exigir la dimisión de Sánchez, mientras que el director general calificó de “equivocarse”. una “represión absolutamente cruel” contra Sánchez y su familia.
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