La representante adjunta de UNICEF en Santo Domingo, Anyoli Sanabria, dijo que lo que se trata de 123 proyecto de ley penal «sugiere a Dominica que la sociedad permita la violencia contra los niños y adolescentes dentro del familia con la condición de que no se trate de un «patrón» y de que no se trate de «material repetitivo». Esta lectura, en última instancia, impone a la víctima la carga de la prueba para obtener protección o reparación penal, ya que además de probar el acto de violencia, lo hace. También deberá acreditar la reincidencia del hecho.
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Destacó que “mensaje social”. La sociedad que transmite este artículo es fundamentalmente perjudicial para los niños, porque permite el uso de la violencia, sin prácticamente restricciones a la recurrencia de todos los esfuerzos para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de violencia.
«La petición de Unicef no es nueva. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que el Estado de Dominica prohibiera y eliminara explícitamente los castigos corporales, tanto en la ley como en la práctica, en todos los ámbitos, incluida la familia, los centros que ofrecen medios alternativos de protección y los centros de cuidado infantil”. , recordó la representante adjunta.
En este orden dijo que esta recomendación había sido aprobada por la delegación del país en Ginebra, Suiza, encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia ( Conani), aceptó, «por reconocer la deuda de la nación dominicana en el tema de la armonización de la legislación marco con las mejores prácticas internacionales para proteger a niños y jóvenes contra la violencia».
Sanabria explicó que estos puntos fueron explicados por Unicef a la comisión especial de la Cámara de Representantes dominicana que estudia el proyecto del nuevo Código Penal, el cual ha sido aprobado por el Senado. El proyecto de ley también ha sido cuestionado por feministas y otras organizaciones de la sociedad civil porque no incluye las tres causales necesarias para el aborto, que perpetúan esta práctica.
