Según resolución de la unidad, estos funcionarios se encuentran bajo el régimen de incapacidad estipulado por la Ley de Contrataciones Públicas, que señala que los miembros del poder legislativo no pueden contratar con la Proclama como proveedores de bienes, obras y servicios a entidades gubernamentales hasta seis meses después del cese de sus funciones. compras, Carlos Pimentel, informó en un comunicado de prensa que la medida no es una medida punitiva sino que tiene como objetivo prevenir posibles conflictos de intereses y contribuir a la transparencia del sistema de compra de bienes dominicanos.
Según explicó, información de personas que ocupan cargos de diputados a la Asamblea Nacional, el Congreso Centroamericano (Parlacen) y senadores, así como de empresas comerciales. Se contrainterrogaron las actividades comerciales en cuestión, lo que llevó a la suspensión del RPE de 22 civiles. funcionarios públicos, que demuestren implicación empresarial. superior al 10% del capital social.
El documento administrativo que contiene la referida decisión ha sido remitido al Auditor General de la República y a la Cámara de Cuentas para los efectos respectivos. EFE
