La agencia estadounidense que ayudó a capturar a «El Mayo» Zambada – no la DEA –
Frustrado, en respuesta a Salazar, Andrés anunció este martes Manuel López Obrador (AMLO) que está “pausando” las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. «Espero que hagan una declaración de que respetarán la independencia de México», dijo. «Mientras eso no suceda y continúen con esta política habrá una pausa con la embajada.»
Las diferencias entre el presidente mexicano y el embajador de Estados Unidos aumentan aún más las diferencias y los conflictos dentro del país. En los últimos meses, entre el gobierno de turno y elementos de oposición, ONG, organismos de investigación nacionales e internacionales, así como universidades, han advertido sobre las graves consecuencias que traería a la Constitución Política mexicana la reforma del artículo 95 para que los jueces sean elegidos por voto popular y secreto. votación por un período de 12 años -no 15 como ahora-.
El proyecto de ley, que fue aprobado este martes por la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y recibió el apoyo de la mayoría absoluta de Morena mayoría, considera una serie de medidas destinadas a garantizar que el poder legislativo y otros órganos electorales, como los tribunales, no interfieran en el nombramiento de los jueces, porque, según el gobierno, son los ciudadanos quienes deben elegir a estos jueces. En México, hasta ahora, los ministros eran nombrados por el Presidente y el ganador debía contar con el apoyo de al menos dos tercios del Senado, mientras que los jueces y magistrados eran designados por nombramiento del Consejo de la Judicatura Federal, uno de los supremos. tribunales que López Obrador calificó de corruptos y clientelistas.
Presentada al Senado la semana pasada, la reforma judicial propone que además de jueces elegidos por voto popular, sea competencia de las autoridades judiciales locales del a los estados federales establecer las reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces. También propone abolir las pensiones vitalicias de los ministros y jueces actuales y futuros, ajustar sus salarios a la baja y reemplazar el Consejo Judicial con dos nuevas instituciones para gestionar el poder judicial.
