El juez en su decisión declaró inadmisibles a los demandantes y sujetos civiles en esta etapa del acuerdo sobre criterios de desempeño y fijó su lectura completa para el 20 de septiembre.
El Juez del Distrito Nacional 4° Distrito aprobó el criterio de oportunidad solicitado con varios “informantes claves” del caso Calamar y quienes cooperarán con la fiscalía.
Juez Altagracia Ramírez, tomó la decisión luego de aceptar la solicitud presentada a favor de Ramón Emilio Jiménez Collie “Mimilo, Natalia Cesarína Beltré Torres, Belkis Antonia Tejeda y la entidad comercial Grupo DIFEBE, devolvieron varios millones de pesos a la Fiscalía. Del mismo modo, el tribunal declaró inadmisible a la demandante y a las partes civiles porque consideró que en esta etapa del reclamo por criterio de oportunidad, no sería prudente aceptarlo.
El juez fijó el 20 de septiembre leer la sentencia íntegra que aprueba los criterios de oportunidad fijados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a favor del grupo.
Mirna Ortiz, coordinadora de litigios de PEPCA, afirmó que en En relación con los acuerdos, se aplicó el criterio de oportunidad, teniendo en cuenta la cooperación de los investigados en el marco del procedimiento denominado Operación Calamar
El fiscal del tribunal se refirió al artículo 370, inciso 6 de la Ley Penal. Código Procesal, que le permite celebrar acuerdos con el imputado y ofrecerle criterios procesales adecuados, a cambio de admitir su culpabilidad y cooperar en la investigación del imputado. Acción.
El empresario Jiménez Collie, ha acordado devolver al Estado 715 millones en efectivo e inmuebles “sobre la base del arrepentimiento y la intención de cooperar en la denuncia de otros funcionarios”.
La Pepca denunció oficialmente a 34 personas. y 13 empresas defraudaron al Estado por más de 41 mil millones de pesos a través de “contratos simulados de transferencia de crédito sin motivo o con motivo del pago de deudas inexistentes entre dueños o presuntos dueños de terrenos o inmuebles que se adquieren”, se declaran de utilidad pública . Además, mediante sobornos a empresarios para “financiar ilegalmente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo”, uno de los principales imputados, junto al exministro Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
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