Santo Domingo.-El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, planteó que en la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader debe reducirse de 190 a 110 la matrícula de diputados, celebrarse elecciones separadas cada dos años y aprobar 70 leyes pendientes por mandato de la Carta Magna.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, sostuvo que la reforma constitucional fortalecería el proceso institucional del país, por lo que es necesario emprenderla.
“Donde quiera que la Constitución dice bajo reservas del desarrollo por la ley que corresponda, en la Constitución hay unas 70 situaciones que hay leyes pendientes por desarrollar”, observó.
Aseguró que con la reforma constitucional deben iniciarse una serie de cambios que se necesitan en el país, porque es la plataforma para actualizar muchas leyes vigentes y aprobar otras que están pendientes.
“Incluso, de las disposiciones transitorias que se han conceptualizado está la de dar un plazo de cuatro años al Congreso para que cumpla con todas las leyes programáticas de la Constitución que desde el 2010 a la fecha no se ha realizado”, significó.
El jurisconsulto entiende que eso es un reconocimiento de que el país debe avanzar y desarrollar esas leyes, que constituyen el sostenimiento económico del país.
Planteó que con una matrícula de 110 diputados, bajo la premisa de que cada legislador representará aproximadamente 95,000 habitantes, se traduce que la mayoría de las provincias tendrían dos legisladores.
No obstante, dijo que el mayor número de diputados por habitantes lo tendrían la provincia de Santo Domingo, con 28, el Distrito Nacional se quedaría con 10, mientras que San Cristóbal, La Vega y otras alcanzarían una cantidad importante, entre cinco y siete.
“La posición institucional de Participación Ciudadana es que debe volver el sistema de elecciones separadas, elecciones cada dos años, por un lado, las presidenciales y congresuales, y dos años después las municipales”, argumentó.
Expuso que el criterio está basado en eliminar el arrastre y de mejorar la representatividad de los candidatos municipales, que tienen en su proselitismo ganarse sus propias votaciones.
Entiende que la posible unificación conllevaría un importante tema económico, con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado dominicano sobre el particular.
“La Junta Central Electoral, en el último reporte da cuenta que las elecciones pasadas costaron más de RD$8,000 millones”, precisó.
La propuesta de reforma constitucional no afecta la carrera del Ministerio Público
Por otro lado, el coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Hernández Machado, consideró que la derogación del Consejo Superior del Ministerio Público, en la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader, no cercena la carrera de los fiscales.
El activista de la sociedad civil entiende que la carrera del Ministerio Público, que se ha visto bastante robustecida, no tiene marcha atrás con una reforma constitucional.
“Pienso que no, debemos de estar atentos a los proyectos, pero ese paso de avance que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, de una carrera judicial podríamos decir bastante robustecida, eso no tiene marcha atrás”, significó.
