SAN CRISTÓBAL.- El ayuntamiento local declaró el día 14 de este mes «Día de Luto Nacional» en esta ciudad, cumpliéndose el primer año de la explosión del mercado de la calle Padre Ayala. provocando la muerte de 39 personas y la desaparición de otras 12.
En la resolución 24-2024 presentada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aprobada por unanimidad de sabiduría, se determinó que la bandera del municipio estaría a media asta.
La iniciativa fue presentada por la concejala Frankelys Tiburcio y aprobada por los concejales Andrés Corporán, María Andújar y Joel Cuevas.
» El 14 de agosto, día de la tragedia, la bandera de la ciudad ondeará a media asta, declarándose la resolución 24- 2024 el jueves 8 de agosto de 2024”, señala una nota del Ayuntamiento de San Cristóbal.
En la explosión que dejó 39 muertos y 12 desaparecidos. Los desaparecidos fueron declarados muertos por la Asamblea Nacional.
La explosión ocurrida el 14 de agosto del año pasado en una fábrica de plástico en la calle Padre Ayala también causó daños por un millón de dólares.
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Entre los muertos se encontraba Héctor Ramón Ramírez Cuello, Víctor Manuel Hernández, Ana Yris Cruceta, Irma Isabel Dipré, Luz Esther Mateo Germán y Ángel Luis Uribe.
También Paulette Brea, Karina Heredia Pérez, Rafael Solano, Francis Julián Mateo Encarnación, Emil Fanuel Figuereo Báez, Jessica María Brito, Santo Manuel de Jesús , Ana Anllelin Nivar Tineo, Reina Heredia y Juan Mateo Casillas.
Así mismo, Faustino Nivar Doñé, Eridania Jorge, Mariela Rosario, Reyes Soto Abad, Julio Agustín Vittini Cuevas, Jorgelina Ravelo Encarnación y Steisy Pinales, entre otros .
Ley
El 24 de julio la Cámara de Representantes la aprobó en lectura y convirtió en ley el proyecto que estipula que quienes no se presenten después de esta tragedia ser declarado muerto conforme a la ley.
La iniciativa fue presentada por la diputada peledeísta, Ydenia Doñé, representante de la provincia, quien afirmó que algunos niños que quedaron huérfanos por falta de certificados de defunción no tenían derecho a pensiones, que es su derecho según la ley. Los familiares de la víctima no creen en la información oficial sobre la tragedia.
