Colegio de Abogados de Minerva y Oficina Provincial de Desarrollo de la Mujer Hermanas Mirabal han expresado preocupación por el proceso de reestructuración del Estado dominicano que analizan consideran la fusión de ministerios y la eliminación de algunas direcciones.
Si bien reconocen la necesidad de un Estado más eficiente y la lucha contra la corrupción, advierten que existe el riesgo de que estos cambios afecten negativamente la garantía de los derechos, especialmente los de las mujeres.
Ambas organizaciones enfatizaron que las organizaciones encargadas de combatir la discriminación histórica contra las mujeres son esenciales y que su papel no debe ser menospreciado
Enfatizaron que el Estado dominicano ha ratificado convenios internacionales que. se comprometen a proteger los derechos humanos y advirtieron que cualquier reforma debe respetar estos compromisos.
En particular, pidieron a la Asamblea Nacional que reconsidere dos proyectos de ley que proponen establecer el Ministerio de la Familia, fusionando el Ministerio de la Familia de la Mujer. y el Ministerio de la Juventud.
Según los abogados y las organizaciones de género, esta medida podría debilitar el funcionamiento del Ministerio de la Mujer, que tiene la tarea de promover la igualdad y la justicia entre los sexos y garantizar los derechos de las mujeres.
El Colegio de Abogados de Minerva destaca que el Ministerio de la Mujer no es un organismo de política social sino una entidad política y técnica que aboga por la igualdad, siguiendo los lineamientos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW).
Afirman que el Ministerio de la Familia puede invisibilizar la discriminación específica que sufren las mujeres, especialmente dentro de sus propias familias, como lo demuestran cifras alarmantes sobre violencia de género. .
Cita estadísticas que revelan que en 2022, aproximadamente 48.800 mujeres y niñas en todo el mundo murieron a manos de sus parejas o familiares, por lo que ve la necesidad de fortalecer las políticas públicas enfocadas en la protección de las mujeres.
Organizaciones exigen al Estado no ir en contra de sus compromisos en materia de igualdad y que se fortalezca el Ministerio de la Mujer, destinando más recursos y capacidades para seguir luchando contra la opresión de género.
