Santiago murió. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de la Nota Permanente, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida coercitiva al conductor del vehículo que mató a 13 indocumentados haitianos
Esta medida se aplica a Víctor. Valentín Álvarez Tapia, uno de los 10 miembros de la organización criminal procesados por tráfico de inmigrantes desde un país vecino. La medida será revisada cada tres meses y la Fiscalía tendrá ocho meses para presentar cargos.
El dispositivo determina que deberá pasar un tiempo en prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Mao, en la provincia de Valverde. .
El juez también aceptó el pedido de la fiscalía de declarar complicado el caso.
En la tragedia ocurrida el año pasado también murieron dos menores, luego del auto conducido por Álvarez Tapia se volcó y cayó a las aguas del canal de riego Cañeo, en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde.
Álvarez Tapia era integrante de la importante estructura del crimen organizado transnacional especializada en el tráfico ilegal. contrabando de migrantes, especialmente haitianos indocumentados. La Fiscalía, en coordinación con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, desmanteló esta organización a finales de abril de este año, tras identificar, arrestar y aplicar medidas coercitivas contra la mayoría de los miembros de esta organización. Gracias al seguimiento de llamadas y otros trabajos de investigación, el Ministerio Público pudo verificar la participación de Álvarez Tapia en el accidente ocurrido el 6 de agosto de 2023, en el que murieron al menos 13 haitianos indocumentados: nueve hombres, dos mujeres. , y dos niños (uno de 3 meses y otro de 4 años). El imputado perdió el control de la camioneta Toyota Runner color blanca, estrellándose en las aguas del canal Cañeo, en Peñuela, municipio de Esperanza, provincia de Valverde.
Solicitud de medidas coercitivas, interpuesta por Santiago presentada ante la Fiscalía en el Tribunal de Atención Permanente que la organización pasó ilegalmente a cientos de haitianos por vía terrestre a través de la frontera dominicano-haitiana en Dajabón, para luego trasladarlos a la provincia de Valverde. De allí se llevaron al grupo de indocumentados a Navarrete, donde también fue imputado Álvarez Tapia, hijo de Ramona Salvadora Tapia Flores, responsable de brindar refugio a personas migratorias en casas, cuarteles, vertederos y otros lugares. Luego, bajo su coordinación, determinaron el traslado de estas personas a Santiago y otras ciudades del país, exigiendo un monto de entre 8.000 y 17.000 pesos dominicanos.
Miembros de esta estructura intentaron acumular bienes físicamente obtenidos de esta actividad ilegal, incluyendo vehículos, casas, terrenos y otros bienes.
Álvarez Tapia enfrenta cargos provisionales por violar los artículos 2 y 7 (litros C, D y E) de la ley 137-03 sobre tráfico de migrantes y trata de personas, así como los artículos 2 (artículo 11) y 3 (letras A, B y C) de la Ley 155-17 sobre lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
