En un último intento por ganar el caso Odebrecht, el fiscal buscará demostrar ante el Tribunal Constitucional que los jueces de la tercera sala penal de la Corte Suprema no solo violaron los precedentes de los dos tribunales supremos pero también, gracias a la jurisprudencia, derogó y modificó las leyes. Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía presentó ante el TC protesta por la sentencia de los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo, Fran Soto y María Garabito el 31 de julio.
Esta absolución, por presunta falta de pruebas, los únicos condenados por el soborno de 92 millones de dólares pagado aquí por la constructora brasileña: el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rua; y el empresario y asesor de Odebrecht en el país Ángel Rondón.
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Hay siete razones por las que Pepca decidió remitir la decisión de la SCJ al TC. En primer lugar, la Pepca alegó que en su decisión la SCJ “desvirtuó el recurso de casación”.
Agregó que también desmanteló el sistema de contratación pública establecido en el Acuerdo 340-06; así como el sistema de autodeclaración de bienes. “Abolió el enriquecimiento ilícito mediante jurisprudencia y de la misma manera modificó la ley 340-06”, explica Pepca. Señaló que los magistrados de la SCJ fallaron en contra de los propios precedentes de la Corte Suprema, «y contradijeron algunos de los precedentes de la Corte Constitucional».