Madrid. El auge de los mensajes y las campañas xenófobas y racistas en las redes sociales se ha convertido en un problema grave en Europa porque está siendo instrumentalizado por los grupos de la extrema derecha para azuzar el odio al diferente, según uno de los mayores conocedores continentales en temas digitales y de redes sociales, el académico español Borja Adsuara.
Este profesor madrileño nacido en 1964 fue uno de los padres del Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, de obligada aplicación desde el pasado 17 de febrero en todos los países miembros.
También fue uno de los ponentes en la Carta de Derechos Digitales, que presentó en 2021 en el Palacio de La Moncloa, bajo la presidencia del socialista Pedro Sánchez.
En entrevista con La Jornada, Adsuara alertó también de los riesgos de regular y poner en peligro la libertad de expresión.
-¿Usted percibe que en los últimos años han aumentado los delitos de odio y las campañas racistas en las redes sociales en Europa? -se le pregunta.
-Sí, no hay duda. A medida que se han desarrollado las redes sociales se han incrementado los mensajes de odio porque también se ha polarizado la situación política y están al alza los partidos de ultraderecha y especialmente los mensajes contra la migración.
«Es un problema grave porque con los delitos de odio se tiende a la generalización y se aprovecha que un inmigrante cometa un delito para propagar un discurso de odio generalizando, diciendo que todos los migrantes son criminales. Y es precisamente ahí donde está el delito de odio.
La ultraderecha ha sabido aprovecharse de ese caldo de cultivo porque le da votos y porque es una cosa muy primaria que se basa en el instinto de pertenencia a la tribu y de tener miedo del que es de fuera de la tribu.
Marco legal
-¿Actualmente ya existe el marco legal para perseguir ese tipo de actos en Europa?
-Sí, sobre todo a partir del reglamento de Servicios Digitales, que viene de una normativa europea y que desde el 17 de febrero se aplica directamente a todos los stados miembros, el cual impone a las plataformas una obligación de evaluación de riesgo sobre la desinformación, el discurso del odio y asuntos relacionados con la salud, además de que los obligan a implementar medidas de mutilación de esos peligros.
«Por eso hay un enfrentamiento abierto con la plataforma X, pues no ha tomado medidas para la moderación de contenidos que la Comisión Europea considere suficientes, y en ese reglamento están incluidas multas que pueden llegar a suponer hasta 6 por ciento de facturación de las plataformas.
«Pero, además, está el Código Penal de cada país. Por ejemplo, en España hay un delito que algunos llaman odio, pero en realidad no se llama así porque el odio no es un delito, ni siquiera cualquier expresión de odio tiene que ser un delito. El delito sería una expresión de incitación a la violencia contra un grupo determinado, ya sean inmigrantes, homosexuales, religiosos o raciales, porque puede haber un vínculo causal entre lo que se dice y lo que se hace después. Sin embargo, decir «no me gustan los inmigrantes ni los homosexuales» puede ser xenófobo y homofóbico, pero no es un delito porque la libertad de expresión también protege a los estúpidos que dicen esas cosas. El único acto brutal e ilimitado es cuando «.
-Entonces ¿entiendes que la libertad de expresión es el derecho supremo?
