El dirigente de izquierda publicó en el portal del MIU que el Ejecutivo no puede decir que no sabía que el artefacto era del gobierno venezolano, porque esa nación llevó a cabo un proceso de reclamación del mismo, retenido en el aeropuerto El Higüero en mayo pasado.
Por lo tanto, apuntó, «esa acción está totalmente separada del derecho internacional y pone en cuestión la soberanía de los dominicanos».
“El Gobierno no puede decir hoy que ese avión no pertenece a Venezuela, independientemente de que esté registrado a nombre de otra compañía de ese país. Ese no es el hecho, ellos saben que ese es un avión del gobierno venezolano”, reiteró.
El lunes pasado el canciller Roberto Álvarez, desvinculó a la actual administración y al Ministerio Público de la investigación emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que concluyó con la confiscación ese día en este territorio de un avión oficial de Venezuela.
El funcionario manifestó ante la prensa que la aeronave se encontraba aquí para fines de mantenimiento.
Sostuvo que el Ministerio Público entregó a Washington el avión tras recibir una orden judicial que así lo indicaba, en respuesta a una petición del Departamento de Justicia del país norteño que desde mayo último pidió la paralización de la nave «con el fin de realizar registros de evidencias y objetos vinculados a actividades de fraude y contrabando…».
En ese mismo encuentro con la prensa nacional, el presidente Luis Abinader informó que el avión confiscado no estaba registrado a nombre del estado venezolano, sino de un particular.
El Secretario General del MIU cuestionó este miércoles el comportamiento del Gobierno respecto al requerimiento de Washington y afirmó que esto complica las posibilidades de mejorar las relaciones diplomáticas entre Caracas y Santo Domingo.
Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores venezolano acusó a Estados Unidos de usar su “poderío económico y militar para amedrentar y presionar a países como el de República Dominicana, para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales”.
Caracas calificó el suceso como parte de una escalada de acciones ilegales contra el gobierno de Nicolás Maduro y advirtió que «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros perjuicios causados por la política criminal» de la Casa Blanca.
