Durante mucho tiempo he sostenido que el infame «barrilito» – un tipo de degradación institucional, uso y abuso de fondos públicos – es una práctica grosera e inaceptable, no tiene nada que ver con la aplicación de la ley y la vigilancia. (funciones del legislativo), y menos aún con la supuesta asignación de fondos públicos para “asistencia social”. Y más aún cuando conocemos el clientelismo rampante que fomentan estos “fondos sociales”. En definitiva, si un legislador quiere hacer caridad social, debe hacerlo con su dinero o su salario, pero no con fondos públicos para finalmente promocionarse política y electoralmente.
Creemos que, de hecho. , la cajita estuvo a punto de desaparecer cuando el PLD llegó al poder (1996), no, la institucionalizó (2006); y ahora PRM lo ha aumentado (más FP está la Madre Teresa de Calcuta). ¡Qué vergüenza!
Este caso -cartón pequeño- aunque en un envoltorio diferente, tiene su historia y su estilo (1978-2005: post-Balaguer y apertura democrática -que dinero-). Y es hora de que la sociedad exija y exija que esos fondos públicos se destinen a mejorar la calidad de las buenas prácticas legislativas y la separación e independencia de los poderes públicos.
En ningún lugar del mundo hay un legislador elegido no actuar como redentor de la sociedad, sino legislar y supervisar otros poderes e instituciones públicas. Aquí, desde 1978, hemos alimentado un congreso de delincuentes, analfabetos, financiadores de la droga –de campañas políticas y proyectos presidenciales– y de unas pocas personas que respetan su papel. Basta de fábulas.
Es hora de prohibir el absurdo barril de nada más que una forma de amiguismo, corrupción y despilfarro de fondos públicos para proyectar y dar publicidad a personalidades y proyectos políticos bajo el pretexto de «social». «ayuda» -a través de ONG, fundaciones y otras tácticas evasivas-; ¿Pero en qué democracias se ve esto? Y, en nuestro caso: ¿por qué el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Asistencia Social y el fondo «Especial» del presidente -otro «poder de decisión»-
Hacer En consecuencia, proponemos que en espera de la En las próximas elecciones -2028-, requerimos que cada candidato a senador o diputado jure públicamente que tomará una iniciativa para eliminar dicha virtualización de la función legislativa, de lo contrario no votará más por este candidato.
Quizás al reclamar este cargo público ocurrió un milagro y al hacerlo cerramos otro camino. al amiguismo y al abuso de fondos públicos….(quien quiera actuar como el Padre Billini o la Madre Teresa de Calcuta – lo cual no está bien – lo hace de su propio bolsillo).
