Santo Domingo.-El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) Aurelio Henríquez, advirtió este lunes que ese gremio se mantiene vigilante a cualquier sector o poder que intente limitar la libertad de expresión del periodista y de cualquier ciudadano.
Entrevistado en el programa Tra en Vivo que se transmite por Teleradio América, canal 12/45, de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 de la mañana, Henríquez dijo que el CDP siempre ha estado alerta para que se cumpla la ley 6132, de Libre Expresión del Pensamiento, salvo que se atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública.
Sin embargo, aclaró que el comunicador y el periodista no es lo mismo, ya que muchas personas están usurpando la profesión y definió el primero como cualquier persona que comunica para que otro entienda, mientras que un periodista viene de carrera, la persona que estudió y es a quien el CDP protege.
Recordó que para reconocer al periodista se creó el CDP y el expresidente Joaquín Balague construyó el edificio en La Feria que los aloja.
“Aquí en la República dominicana hemos ido avanzando, cualquiera habla, cualquiera da opinión a través de las redes sociales, pero nosotros buscamos que esa opinión que haga el periodista profesional, que es la persona que tiene el compromiso social de informar, lo haga de manera correcta, no solo a través de un medio de comunicación, sino en la televisión, radio, revista y a través de las redes sociales”, manifestó Henríquez.
Dijo que en la actualidad el CDP, con cinco mil personas inscritas, tiene un amplio programa de capacitación para enseñar cómo deben manejarse, donde 500 personas están cursando maestrías y unas 20 doctorado en comunicación.
Para el presidente del CDP es necesario luchar para que se haga un ejercicio del periodismo ético y responsable, ya que existen nueve leyes que castigan la carrera del periodismo y creándose más como la recientemente promulgada Ley 38-24, de la Cláusula de Conciencia, como protección de los derechos laborales en favor de los periodistas en la República Dominicana».
La misma, es definida en la pieza como la prerrogativa que se le confiere al comunicador o periodista que brinda su servicio de manera subordinada de poner fin al contrato con el que trabaja y exigir el pago de sus prestaciones laborales cuando advierta que la empresa de comunicación ha experimentado una mutación en su filosofía informativa que contravenga los postulados ideológicos con que fue empleado.
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