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Servidores públicos asumen compromiso ético

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Beneficiar al partido, al colectivo, a la familia y al individuo y evitar los conflictos y sufrimientos causados ​​por los mismos.

La vicepresidenta Raquel Peña y funcionarios de gobierno reconocieron hoy públicamente el “compromiso ético de los altos servidores públicos con la sociedad dominicana” y el presidente general Luis Abinader.

En documento firmado por 98 servidores públicos, comprometidos en la lucha contra la corrupción administrativa para preservar los bienes y recursos del Estado y notificar a las autoridades competentes, autoridad y sociedad, detalles que dañen el patrimonio público
«Luchar con decisión y determinación contra la corrupción administrativa. Preservar el Estado patrimonio y recursos, se comprometen a cumplir con la obligación de notificar a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier incidente perjudicial para el bien público», se lee en el documento.

Aunque el documento se ha hecho público este lunes, en un comunicado pagado columna en diarios impresos de distribución nacional, es el 23 de agosto de este año.
Quizá le interese leer: La lucha contra la corrupción Se dice que la corrupción ha disminuido En el documento, Los funcionarios se comprometen a actuar con respeto y disposición hacia las instituciones de los organismos reguladores: “Actuaremos atentos a renovar los conocimientos de los funcionarios y técnicos en campos sensibles para garantizar la dignidad humana, el derecho a la salud, la educación y la administración pública, según el principios de transparencia y autenticidad «.

Afirmó el respeto a los principios de buena gobernanza y que la buena gestión «estará siempre dispuesta a anteponer el bien común al bien común». beneficiar al partido, al colectivo, a la familia y al individuo y evitar los conflictos y sufrimientos causados ​​por los mismos. «

Recalcan que se comprometen a respetar la ley estableciendo juramentos dentro del plazo establecido por la ley 311-14.

Garantizan el cumplimiento de la ley en cuestión tienen acceso a información pública.
Las partes firmantes se comprometen a implementar, dentro del presupuesto asignado, de manera efectiva y eficiente, para alcanzar los objetivos perseguidos y no surgir ningún conflicto de intereses.

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