Para Laura Acosta, abogada de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Transporte Terrestre (Intrant), su cliente «es el chivo expiatorio» de la llamada Operación Camaleón. dado que el Ministerio Público intenta demostrar que el imputado es coautor de una supuesta red contra el Tesoro por más de 1.300 millones de pesos, debido al contrato de la organización esta agencia estatal con las empresas privadas del empresario «Jochi» Gómez, un acuerdo destinado a modernizar el sistema de semáforos en Santo Domingo.
Cuando se le preguntó a Togada si la decisión del juez estuvo influenciada por la imposición de 18 meses de prisión preventiva a Beras por el hecho de que la última El miércoles, los jueces que se consideraban víctimas de las actividades de espionaje de Jochi debían comparecer ante el tribunal durante el límite de la solicitud de aplicación de medidas coercitivas. Dijo que no podía estar seguro porque no había pruebas, pero eso se consideraba «raro y extraño» en sus más de 20 años de ejercicio de la abogacía.
Sin embargo, enfatizó que “es obvio ”. que en este caso hay intereses muy grandes que van mucho más allá de nosotros y del propio Hugo Beras. Entonces existe una posibilidad, pero no puedo asegurarlo. » Dijo que la decisión del juez en contra de su cliente fue “un duro golpe; pero no debe bajar la cabeza”, por lo que apelarán esta medida.
Los restantes imputados son: Frank Rafael Atilano Díaz Gardien, coordinador de oficina y representación de Hugo Beras ante la Comisión de Adquisición de Insumos ; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología, fue sentenciado a arresto domiciliario y no se le permitió salir;