Tras la detención del exdirector del Instituto Nacional de Transportes y Transportes por Carretera (Intrant), Hugo Beras, numerosos legisladores criticaron el allanamiento realizado por la fiscalía en la oficina de la residencia del ex funcionario.
Los diputados del PRM dijeron que Beras debería haber sido tratado con «respeto» y desaprobaron el proceso de procesamiento destinado a buscar y arrestar al ex director de Intrant.
Mencionaron que la Fiscalía General debe realizar primero el interrogatorio y darle al imputado la oportunidad de defender el tratamiento antes de ser privado de la libertad.
Por su parte, figuras de la oposición aseguran que la detención de Hugo Veras representa una diferencia en la forma en que la Fiscalía maneja los casos de corrupción que vinculan al oficialismo con la oposición.
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Laura Acosta, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Hugo Beras, reveló que su cliente se encontraba tranquilo luego de que las autoridades incautaron sus dos vehículos y su teléfono celular durante el allanamiento a su domicilio en relación con el. Contrato de entrada.
Dijo que las autoridades no proporcionaron más detalles sobre el motivo de la incautación o qué cargos pueden estar involucrados en el caso.
Por otro lado, otras cinco personas fueron detenidas por el escándalo de corrupción que quedó al descubierto en octubre de 2023, cuando la Dirección General de Compras y Contrataciones reveló irregularidades en el contrato de inspección de la red de semáforos del Distrito Nacional. .
Los detenidos son Fran Rafael Atiliano Díaz, director; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Pedro Vinici Padovano Báez y Carlos José Peguero Vargas.
«Los orígenes de esta conspiración se remontan al año 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) se benefició de diversos contratos estatales, entre ellos el contrato otorgado a la Compañía Dekolor S.R.L., de la cual fue coadministrador con Rogelio Ramón Oruña Aguilar, recibió más de RD 4,655 millones por la expedición de licencias de conducir, cobrando RD 805.69 por cada una (Jochy) también se benefició de un contrato ilegal, entre ellos el “Acuerdo de Cooperación” entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S, aunque este contrato no fue registrado oficialmente”, deja claro el Viceministro en el documento.
