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Colegio de Fiscales del Perú elige a Delia Espinoza como titular de la Fiscalía

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Lima, 18 oct (EFE).- El Colegio Supremo de Fiscales del Perú eligió este viernes a Delia Espinoza como Fiscal Comisionada Nacional (General) y asumirá el cargo que ocupa de forma interina Juan Carlos Villena desde diciembre pasado, cuando se abrió una investigación contra su antecesora, Patricia Benavides, que desembocó en su destitución. período de tres años. Se llevó a cabo por mayoría de votos de los fiscales supremos y luego de que los fiscales Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos se negaran a seguir el procedimiento, informaron medios locales.
Entre los casos contra otros altos funcionarios, Espinoza será responsable de la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por los muertos en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023, así como del llamado caso «Rolexgate» que involucra joyas de lujo recibidas de un gobernador regional y el presunta fuga del líder prófugo del Partido Liberal Peruano, Vladimir Cerrón, en el auto presidencial, entre otros.

Estas investigaciones contra Boluarte, abiertas en poco más de un año, han provocado tensiones entre las fuerzas del orden y la fiscalía a la que acusó de abrir investigaciones sin una base sólida y de apoyar iniciativas del Congreso destinadas a supuestamente reducir la función de la agencia en la investigación de investigaciones criminales.
Espinoza ha ocupado el cargo oficial de Fiscal Supremo desde entonces. 2022. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos Mayor (UNMSM, universidad pública más grande del Perú) y con dos maestrías, una de la Universidad de San Martín de Porres y otra de la Universidad Privada César Vallejo. Por su parte, Benavides fue despedido este año, tras un procedimiento disciplinario por parte del Consejo Nacional de la Judicatura (JNJ), por interferir en la investigación de su hermana y jueza, Enma Benavides, al despedir al fiscal jefe de la investigación.
Al mismo tiempo, Benavides es investigada por liderar una supuesta red de tráfico de influencias al interior de la Fiscalía, donde recibió una segunda solicitud sobre la suspensión de su cargo por 36 meses.

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