Santo Domingo.- El director general del penal, Roberto Hernández Basilio, dijo que este miércoles el incidente ocurrió por falta de protocolo el pasado lunes en el penal Campus Azua, donde un recluso murió y el director del penal, coronel Ricardo Bidó, resultó herido, luego de que el recluso tomara como rehén al policía en su oficina en un desconcertante caso que se investiga.
Hernández Basilio señaló que antes de que un recluso ingrese a la oficina del director del penal se deben realizar innumerables pasos. Aseguró que el hecho está siendo investigado por el Ministerio Público para su esclarecimiento y reveló que el detenido Deiby Ramírez (Yembron) ingresó a la oficina del coronel Bidó, quien estaba a cargo de la seguridad de la instalación, con un arma, y cuando. Al notarlo, se desató un forcejeo entre ambos.
Agregó que luego de lo sucedido, un grupo de altos negociadores se trasladó en helicóptero y estuvo más de dos horas convenciendo al detenido para que liberara al coronel Bidó, quien seguía secuestrado, finalizando con la ejecución del detenido al negarse.
Hernández Basilio enfatizó que se trataba de un proceso de negociación para proteger la vida del detenido y del coronel, pero los altos agentes involucrados convencieron al secuestrador. vio la necesidad de utilizar la fuerza
Señaló que la Ley 113-01 es un nuevo marco legal en la regulación de los centros penitenciales del país, unificando el sistema penitencial con los preceptos del llamado «. Nuevo modelo penitenciario”.
Dijo que el nuevo modelo no se limita a que cada recluso tenga una cama o esté pintada de azul, sino que también busca incorporar varias. aspectos: estructuras físicas, procesos y protocolos para beneficiarse de la reintegración.
El ejército profesional reveló que en la reforma constitucional de 2010, se adoptó un nuevo enfoque Se ha implementado otro enfoque para el sistema, en el que la prioridad es la reforma de las personas que enfrentan la reinserción carcelaria.
Cuando se trata de delincuentes antisociales, Hernández Basilio señala que “no se trata sólo de separarlos de la sociedad, sino que el Estado tiene un obligación de reformarlos”. y reintegrarlos a la sociedad en condiciones que les permitan coexistir. una gran proporción de presos siguen durmiendo en el suelo.
Hernández Basilio aseguró que los centros, a la espera de la entrega, habilitarán unas 9.500 nuevas celdas para los presos, lo que reducirá significativamente el hacinamiento.
El titular del penal asignó la responsabilidad de entregar estas obras al Ministerio de Vivienda (MIVED) y explicó que los retrasos en la construcción de las instalaciones, Las Parras en San Antonio de Guerra y Pedro Corto en San Juan de la Maguana, se debe a cuellos de botella legales que surgieron luego de las diligencias investigativas realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR), alegando que ya no existen.
“Si terminamos en 18 meses, hablemos de Con estos empleos, el déficit disminuirá y seremos el primer país de América Latina en eliminar el hacinamiento carcelario”, aseguró.
