SANTO DOMINGO.- Será este sábado a las 11 de la mañana cuando se conozca la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público contra los siete imputados en Operación Camaleón.
El órgano persecutor, representado en este caso por la magistrada Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), pide prisión preventiva para todos los involucrados y la declaratoria del caso complejo.
La operación Camaleón surge de una investigación de supuestas irregularidades en contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latan SRL.
Las autoridades revelaron que los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras. Asimismo, Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant. También Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant.
Otro de los principales implicados en el caso es José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Carlos José Peguero Vargas.
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias, las cuales presuntamente confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, El órgano persecutor ha calificado la Operación Camaleón como una de las “Más exitosas” contra el crimen organizado.
Según el Ministerio Público, la solicitud de medida de coerción cuenta con elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento del árgano. Esto, en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad del proceso.
Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Asimismo, cuenta con el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Así como, con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica en el mes de agosto, temas que son objetos de la imputación.
