El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce solicitudes de medidas de apremio contra los municipios integrantes de una red internacional de narcotráfico, sicariato, cobro forzoso y lavado de dinero, entre ellos aproximadamente dos toneladas de cocaína, provenientes de Colombia y Venezuela.
El juez Rigoberto Rosario escuchó la audiencia de sesión solicitando medida de coerción, incluyendo prisión preventiva y la declaración de caso complejo contra Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don), identificado como cabecilla, e Isidoro Rotestan Clase (El Men), identificado como uno de sus socios.
En este caso, la Fiscalía también solicitó que se imponga pena de prisión al imputado Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavarez, Seriano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natalia Román, Maritza Flete Santana (Karilia), Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
Esta medida fue presentada por la Directora del Ministerio Público, Fiscal Adjunta Yeni Berenice Reynoso, la Fiscal de la Corte de Apelaciones, Sorelly Jaquez Vialet y los fiscales Andrés Mena, Joathan Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Emmanuel Ramírez Sánchez, anoche a unas horas de la vencimiento del plazo de 48 horas que marca la Constitución para la detención o liberación de una persona.
Los imputados fueron trasladados al tribunal bajo estrictas medidas de seguridad desde el penal preventivo domiciliario del Juzgado de Ciudad. Nueva.
En el proceso de más de 200 páginas, los fiscales argumentaron que era indiscutible que el presente caso tenía todas las características de un caso de crimen organizado, ya que se trata de una investigación sobre la comisión de. diversos delitos, cometidos a través de una red criminal, con el propósito de cometer delitos como lavado de activos y asociación delictuosa.
Consideran que la diversidad de los hechos alegados, la variedad de actos cometidos, el número de personas investigadas y víctimas del proceso, así como las penas que se pueden imponer en el debido proceso, las cuales pueden conllevar hasta 20 años de prisión y el presente caso debe ser declarado complejo con todas sus consecuencias.
Este grupo fue detenido en un operativo simultáneo lanzado por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, por miembros de la Fiscalía General de la República (DNCD). ), con el apoyo del Departamento de Defensa, la Agencia Estatal de Inteligencia, la Administración Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), y el Comando Sur de los Estados Unidos (República de Colombia) y la República Bolivariana de Venezuela. ) a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, en lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Se confirma que una vez que estas sustancias ingresaron a territorio dominicano y a Puerto Rico, la logística que se dedicó a enviarlas a Estados Unidos y Europa, donde a veces triplicaron el valor de estas cosas, generaron ganancias ilegales exorbitantes para los miembros de la estructura.
