Independencia.- Luego de finalizar con la presentación de cargos de tráfico de migrantes, delitos contra la administración pública, portación ilegal de armas de gas y secuestro, contra integrantes de la red criminal desmantelada por la Operación Iguana, el fiscal solicitó al juzgado de esta provincia que los condene a 30 y 20 años de prisión.
La Fiscalía solicitó al Juzgado Universitario de Jimaní que los imputados Delson Manuel Medina Díaz , Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán serán condenados a 30 años de prisión, y Roberto Méndez Pérez, coordinador de la estación fronteriza Jimaní, de la Dirección General de Migraciones (DGM), a 20 años de prisión, así como el inspector de migración, Johan Rosario Castillo y Deivi Novas Reyes, imputados por los delitos antes mencionados. Además, solicitó que la imputada Dominga Guzmán sea condenada a 2 años de libertad condicional por complicidad en el tráfico de migrantes.
Un año de prisión para la imputada en el caso Iguana
PETT , liderado por la ministra de Justicia, Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló en 2022 la Operación Iguana con nueve allanamientos simultáneos en los municipios de las provincias de Independencia, Bahoruco y Pedernales, gracias a los cuales se eliminó la red de uso de la frontera dominicana. Haití es el centro de la actividad.
Durante el allanamiento, la Fiscalía detuvo al imputado y confiscó como prueba 7 vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y una pistola calibre 9 mm.
La Fiscalía, con el apoyo de la agencia de investigación del Departamento General de Inmigración, abrió una investigación criminal en diciembre de 2021 contra miembros de la red, buscando obtener pruebas. relacionados con su tráfico de migrantes y el secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como otros actos de inmigración ilegal.
Los acusados también utilizaron amenazas y chantajes para obtener sobornos. Asimismo, privan y detienen a personas traficadas ilegalmente hasta recibir el pago necesario para liberar a los detenidos o secuestrados, incluso recurriendo a amenazas para recibir pagos.
Los imputados realizaron diversas acciones. activo en redes criminales. Respecto a Vólquez Guzmán, los registros indican que utilizó la casa de su madre Dominga Guzmán (con su pleno conocimiento) para detener a migrantes hasta que se cumpliera el pago requerido o las condiciones para su liberación.
El grupo fue acusado de violar Ley 137-03 sobre tráfico de migrantes y trata de personas, Código Penal Dominicano, Ley 53-07 sobre delitos y faltas relacionadas con la alta tecnología, ley 631-16 sobre control y manejo de armas, municiones y materiales conexos y el Código sobre la protección y derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia (ley 136-03), así como la ley 583 sobre secuestro
